La FAVB lamenta que Barcelona ceda la atención domiciliaria a una empresa cuestionada

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona haya adjudicado el 50% de la atención domiciliaria de la ciudad a una empresa que está en entredicho por su gestión de las residencias.

Se trata de Servisar, filial del grupo Domus Vi, que durante la primera fase de la pandemia fue “muy cuestionada”. La FAVB recuerda que cinco de sus residencias fueron intervenidas y 11 más tuvieron graves problemas. De hecho, la empresa líder de las residencias en España está siendo investigada por presuntos malos tratos a gente mayor.

Residencia gestionada por DomusVi en Premià de Mar / FAVB

La FAVB también asegura que el capital de la empresa "está controlado por un fondo financiero ubicado en el paraíso fiscal de la isla de Jersey”, y por todo ello, se muestra muy preocupada.

INDIGNACIÓN

“Con estos antecedentes, resulta incomprensible que esta empresa haya podido ganar un concurso para cubrir un servicio tan esencial como el de la cura a domicilio”, señala.

En sintonía, pide al consistorio que explique cómo es posible que no se haya filtrado a esta compañía y se haya llegado a la adjudicación. En este sentido, la federación insta al Ayuntamiento a replantearse esta decisión y a revisar los sistemas de contratación. Asimismo, reclama al consistorio que busque vías para "revertir la externalización del servicio y transformarlo en un verdadero servicio público de calidad".

PROTOCOLO ANTIBLANQUEO

En su momento, cuando trascendió que Colau cedería el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a DomusVi, ya hubo mucha polémica, porque supondría saltarse el protocolo antiblanqueo decretado por el gobierno municipal en 2016. Según este documento, el Ayuntamiento no debería tener relación jurídica con empresas que desvíen fondos a paraísos fiscales, como es el caso de DomusVi.

En este contexto, la oposición también pidió explicaciones a la alcaldesa. Junts per Catalunya exigió una rectificación del concurso y Ciudadanos planteó responsabilidades, ya que esta adjudicación supondría una vulneración del código ético de contratación.