Ada Colau tiene un problema. Un problema importante relacionado con sus políticas de movilidad. Antifraude investiga a Manuel Valdés López, gerente de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, por un contrato a dedo de 1,2 millones de euros.
El contrato, como informó Metrópoli Abierta, se otorgó por la vía de emergencia. Es decir, sin concurso, al formar parte de los planes municipales contra el coronavirus.
CORTES DE TRÁFICO
Anticorrupción investiga los 1,2 millones de euros destinados a los cortes de tráfico para crear nuevos espacios peatonales. Es decir, la trama del denominado “urbanismo táctico” que la alcaldesa Colau activó durante el primer estado de alarma por el coronavirus y que ahora ha ampliado con su voluntad de crear cuatro nuevas superillas en el Eixample.
El actual gobierno municipal hace bandera de los cortes de calles durante los fines de semana y los festivos. El Ayuntamiento concedió dicho contrato a la empresa Brothers Control como servicios auxiliares para llevar a cabo trabajos de apoyo en las pacificaciones.
DE ORIGEN CUBANO
Manuel Valdés, de origen cubano, es ingeniero de Caminos, Canales, Puertos y Estructuras de formación por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Persona muy próxima a Colau, la gestión de Valdés es muy controvertida por sus intentos de retrasar los trabajos de las obras de Glòries. Valdés cobra 98.720 euros anuales, un sueldo similar al de Colau y superior al de Janet Sanz, segunda teniente de alcalde, y de Rosa Alarcón, la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.
EL AYUNTAMIENTO NO TIENE CONSTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Fuentes del equipo municipal explican a este medio que "a día de hoy" el Ayuntamiento de Barcelona no ha recibido "ningún requerimiento ni ninguna petición de información por parte de la oficina antifraude": ni en relación al contrato otorgado a la empresa Brothers Control ni en relación a Manuel Valdés.
Las mismas fuentes justifican la legalidad del contrato de 1,2 millones por la vía directa a Brothers Control. Según el consistorio, se trata de un "contrato de emergencia" que se adjudicó en el marco del Estado de Alarma y que se tramitó al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Asimismo, también se amparan en el Decreto de Alcaldía S1/D/2020-421 del 11 de marzo, sobre la declaración de la tramitación de emergencia para la contratación, que "atendida la urgencia habilita la posibilidad de hacer una contratación de emergencia que excluya la publicidad y la concurrencia".
Desde el Ayuntamiento también señalan que este contrato no recayó en las competencias de la gerencia de Infraestructuras y Movilidad, liderada por Manuel Valdés.
INICIO DE LOS CORTES
Desde el pasado 23 de mayo, el consistorio cierra a la circulación siete grandes ámbitos de Barcelona para que los ciudadanos puedan pasear y hacer deporte, en las franjas horarias autorizadas. La pacificación de estas vías forma parte del paquete de medidas implantado por el Ayuntamiento para una desascalada segura en Barcelona. Las calles que se cierran son el eje Creu Coberta-Sants, Gran de Gràcia, avenida del Litoral, el paseo de Fabra i Puig-Onze de Setembre, la zona de Pi i Margall-paseo de Sant Joan y la montaña de Montjuïc. Inicialmente el corte también se llevaba a cabo en Via Laietana, aunque las quejas de comerciantes y vecinos llevaron al consistorio a dar marcha atrás.
LA SUPERILLAS DEL EIXAMPLE
El pasado miércoles, 11 de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que ampliaría el modelo de la Superilla de Sant Antoni por todo el Eixample. El gobierno municipal pretende desarrollar 21 plazas y 21 ejes verdes en todo el distrito.
De momento, habrá otros cuatro ejes de transformación: Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona. Las plazas servirán como conectores que unirán las diferentes calles y en ellas no se permitirá el acceso al vehículo privado. “Pasaremos de calles a ejes verdes, a través de una mejora del modelo de Sant Antoni ”, subrayó la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz.
De momento, el equipo de la alcaldesa deberá enfrentarse a los problemas judiciales derivados del urbanismo táctico, que se ha caracterizado por las prisas y la improvisación a la hora de implementarlo. Su principal ideólogo ha sido el arquitecto jefe Xavier Matilla, cuyo fichaje estuvo más vinculado a su activa militancia a los comunes que a su trayectoria profesional.