La constructora FCC Medio Ambiente se acaba de hacer con un macrocontrato del Ayuntamiento de Barcelona de 13.751.686 euros para la limpieza de pintadas, grafitis y manchas de pintura, eliminación de carteles y retirada de pancartas y otros elementos similares en la vía pública durante los próximos tres años. La intención es dejar la ciudad pulida porque, como dice un informe municipal “el paisaje urbano es uno de los elementos del medio ambiente urbano necesitado de protección para garantizar a todos los habitantes de la ciudad una adecuada calidad de vida”.
El contrato, adjudicado el pasado 14 de diciembre, abarca de ahora a finales de 2023 pero puede ser prorrogado por 12 meses más, lo que le podría suponer casi 7 millones más, según el presupuesto municipal. FCC Medio Ambiente acaba de ser premiada esta semana con el certificado por Protocolos frente al Covid-19, concedido por Aenor. El galardón fue recogido por el CEO de la compañía, Jordi Payet. Este galardón valora aspectos como el análisis de riesgos, la gestión de la salud en el trabajo, la formación, información y comunicaciones desarrolladas, las medidas organizativas en el trabajo, las medidas de protección y las buenas prácticas en limpieza e higiene. La compañía del grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz, pues, ha tenido una semana redonda: por un lado, le reconocen su actitud frente al Covid, con lo que significa de prestigio, y por otro le cae un contrato en Barcelona que es una auténtica perita en dulce para cualquier compañía.
BARCELONA, DEGRADADA
Más allá de las circunstancias particulares de la adjudicataria, de lo que no hay duda, es de que los responsables políticos municipales van percatándose de algunas cosas. Y así lo comienzan a reflejar en los informes internos del consistorio. “La afectación mediante pintadas, carteles u otros elementos en la vía pública, cuando se alarga en el tiempo, modifica la percepción de los espacios, dando lugar a una sensación de inseguridad y degradación”.
Reconocen también que “la ciudad de Barcelona está sujeta a una degradación del espacio urbano originada por la proliferación de pintadas y el uso abusivo e indiscriminado de carteles y pancartas para dar a conocer toda clase de propuestas o mensajes”. De hecho, ésta es una reflexión o autocrítica que se había echado en falta tanto desde determinadas esferas de la sociedad civil como desde la oposición. Más vale tarde que nunca, como dice el refrán. Pero que nadie espere que las pintadas en la calzada –especialmente en el Eixample– auspiciadas por los comunes entren dentro de esa categoría de elemento a eliminar. Desde la oposición, hay suspicacia por este trabajo y se ironiza con el macrocontrato de FCC, apuntando a que el consistorio debería haberles encargado también eliminar “esas líneas amarillas que hacen daño a la vista y que dan la sensación de suciedad”.
Desde el equipo de gobierno municipal, sin embargo, no se contempla esa posibilidad. “La ciudadanía espera que la administración municipal responda de forma ágil y eficiente ante estas actuaciones incívicas, especialmente en el casi de mensajes que atenten contra la dignidad de las personas o presenten un comportamiento discriminatorio para determinados colectivos”. Ese sesgo de cribaje ideológico despierta recelos en la oposición. “¿Qué puede entenderse como mensaje discriminatorio? ¿Y qué elementos pueden entrar en esa categoría? ¿Quién decide lo que hay que eliminar: los técnicos o los políticos? Si cribamos ideológicamente un trabajo técnico, mal vamos. Lo que debe hacerse es aplicar las ordenanzas municipales, que para algo están, dejando de lado si un mensaje se elimina o no por decisión del político de turno”, explica un concejal de la oposición a Metrópoli Abierta.
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN
Los informes municipales, no obstante, hacen oídos sordos a esas dudas y apuntan a que la situación “hace que se requiera de un servicio específico de detección, limpieza de pintadas y manchas de pintura, eliminación de carteles y retirada de pancartas y otros elementos similares de la vía pública, altamente especializado y con capacidad para actuar en un amplio abanico de situaciones”.
La empresa ha de actuar sólo en lo que es el casco urbano, por lo que quedan fuera de sus competencias la limpieza de autopistas y autovías y sus accesos, las carreteras de la Arrabassada, Horta y Vallvidrera, los cementerios municipales, los espigones y muros del litoral, el Port Vell y el Port Autònom, el Polígono Industrial de la Zona Franca y las Rondas de Litoral y de Dalt, incluyendo sus accesos.
En cambio, sí entran dentro del contrato la limpieza de edificios públicos, fachadas de edificios privados no catalogados y el borrado urgente de pintadas o pancartas ofensivas, “independientemente de su localización”. Quedan excluidos del contrato lugares que ya están gestionados por un operador, público o privado, que contemple ya su limpieza, como edificios catalogados, bancos en calles y plazas, buzones de Correos, cabinas de teléfono, contenedores y papeleras, escaleras mecánicas, espigones, estructuras viales y espacios urbanos singulares, fuentes de agua, farolas, instalaciones de transportes públicos, monumentos y esculturas, parquímetros, pasos cebra, puntos verde, señales de tráfico o vehículos.
Al concurso se presentaron cuatro de las grandes empresas que trabajan en el sector: FCC, Cespa, Corporación CLD y OHL. La oferta económica de la ganadora fue la más ventajosa, ya que recortaba hasta algo más de un 4% la cifra presupuestada por el Ayuntamiento, mientras que las demás oscilaban entre el 0,5 y el 1,43%. Por ese motivo, en un principio, se calificó la oferta de FCC de baja anormal desproporcionada. Las justificaciones aducidas por la compañía, no obstante, convencieron a los técnicos municipales, que consideraron correcta la metodología del cálculo y que eso elimina la presunción de anormalidad, ya que garantiza la viabilidad de la oferta sin afectar a su calidad.