La pandemia de coronavirus ha colocado nuevamente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en el foco de la polémica.
Durante el pasado mes de marzo, tras declararse el estado de alarma y restricciones a nivel global que impedían repatriar a los internos, la instalación se vio obligada a cerrar sus puertas y decretar su libertad.
Esta medida fue celebrada por el Gobierno municipal, que en numerosas ocasiones había pedido al Gobierno central la clausura definitiva del centro. Pese a ello, tan solo se trató de un parón temporal.
REAPERTURA
Tras siete meses de cierre, el pasado mes de octubre el CIE reabrió sus puertas. Los primeros en ingresar fueron 80 inmigrantes que llegaron a España en patera. Su internamiento se produjo tras haber pasado una cuarentena previa y dar negativo en una prueba PCR.
La aparente seguridad que dio este control quedó en tela de juicio al detectarse un caso positivo días después de la apertura de puertas. El Ayuntamiento no tardó en aprovechar esta situación para reclamar al juez de control del centro el cierre y desalojo de la instalación.
El concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, explicó que la petición estuvo motivada por la carencia de un plan de contingencia para evitar la transmisión del coronavirus. La concejal de Salud, Gemma Tarafa, también remarcó que en un informe elaborado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona se alerta de que el centro solo dispone de dos módulos y cuatro habitaciones individuales.
Interior del CIE de Zona Franca / EFE
SUBVENCIÓN
Tras los reiterados intentos sin éxito para el cierre del CIE, el Ayuntamiento ha dado luz verde a un desembolso de 30.000 euros para la “constitución de un servicio de orientación jurídica” en el centro.
Mediante un convenio con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), se auxiliará y orientará jurídicamente “a las personas extranjeras que se encuentren ingresadas para evitarles una carencia específica de atención y orientación a la que se pueden ver sometidos si no obtienen un primer consejo orientativo sobre su situación en el centro o sobre el procedimiento sancionador del que deriva su internamiento”.
'ABOGADOS INDEPENDIENTES'
El consistorio ha facilitado un díptico informativo a los internos en el que se indican los servicios de los que éstos pueden disponer. Entre estas facilidades, se encuentra la posibilidad de informarse “sobre el expediente administrativo de retorno, devolución y expulsión o el procedimiento penal” por el cual la persona está internada.
Además, pueden recibir orientación sobre sus “derechos y deberes durante el internamiento”, asesorarse sobre cómo presentar “peticiones y quejas” e informarse sobre la posibilidad de “pedir asilo”.
El servicio está prestado por “abogados y abogadas independientes especializados en derecho de extranjería y protección internacional”, sobre los que el Ayuntamiento invita a los internos a “confiar” al estar destinados a proporcionar ayuda.