La Fiscalía de Barcelona investiga a la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, por la adjudicación del servicio de motosharing, servicio compartido de motos eléctricas. Representantes de la empresa Global Mobility Sharing, que aspiró a conseguir licencias, han denunciado ante el Ministerio Público a Alarcón y al gerente del área, Manuel Valdés, por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y trafico de influencias, tal y como ha avanzado El Mundo y ha podido confirmar este medio.
A raíz de la denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para determinar si existe delito en la actuación de los responsables de movilidad en el momento de conceder las licencias de este servicio y presuntamente favorecer a determinadas empresas frente a otras, incluso tras adjudicar los permisos.
Motos de la empresa ECooltra, que ya opera en Barcelona / ECOOLTRA
Los denunciantes consideran que existen "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar a empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor" de estas sociedades e "impidiendo de este modo el acceso a nuevas empresas en el sector".
“SIN LICENCIAS NI TASAS”
En la denuncia, representada por el abogado José María Fuster-Fabra, se señala que Ecooltra y Acciona “gozan de una posición de dominio abusivamente privilegiada" ya que "desde el 2016 venían operando en el ámbito de la obra publica, y que en los últimos años habían saltado al ámbito de la movilidad eléctrica compartida, en concreto al de las motos, pero de forma ilegal”. Según los denunciantes, esto se habría dado “gracias a la actuación fraudulenta de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona", que les habrían permitido "circular y aparcar sus vehículos eléctricos sin exigirles licencias y sin pagar tasas por la ocupación lucrativa de las calles de Barcelona". También se recuerda que durante este tiempo el Ayuntamiento tampoco sancionó a estas empresas "por incumplir la prohibición de estacionamiento que recoge la Ordenanza municipal".
OTRAS DENUNCIAS
No es la primera denuncia con la que se topan los responsables de movilidad. Recientemente, otro operador de motos eléctricas compartidas, Tucycle Bikersharing, ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona por la concesión, el pasado verano, de 3.000 licencias sin haber presentado un nuevo concurso. La demanda, por la vía del contencioso administrativo, también señala a Rosa Alarcón y Manuel Valdés, y cuestiona la transparencia del gobierno que lidera Ada Colau en esta materia.