Un operador de motos eléctricas compartidas, Tucycle Bikersharing, ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona por la concesión, el pasado verano, de 3.000 licencias sin haber presentado un nuevo concurso. La demanda, por la vía del contencioso administrativo, señala a Rosa Alarcón, concejala de movilidad, y Manuel Valdés, gerente de Movilidad. También cuestiona la transparencia del gobierno que lidera Ada Colau en esta materia.
Según informa El Confidencial, las licencias de motos compartidas pasaron de 7.000 a 10.000 en julio de 2020, un incremento del 42% que benefició a las compañías que ya operaban en Barcelona: Cooltra, Acciona, Yego y Movo.
MÁS MOTOS QUE LICENCIAS
El gobierno de Colau, según el citado medio, había cifrado en 381 el número de licencias máximas para cada compañía. En la práctica, sin embargo, operaban muchas más, un hecho denunciado por la Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC). Tucycle Bikersharing acusa al Ayuntamiento de Barcelona de no presentar un concurso ni obligar al cumplimiento de la ley a las marcas que ya operaban en la ciudad.
Tucycle Bikersharing denuncia que Cooltra, Acciona, Yego y Movo tenían más motos compartidas que las licenciadas y fueron las grandes beneficiadas por el aumento de licencias en verano. La empresa demandante considera que las marcas que habían cumplido la ley no pudieron optar por las nuevas licencias porque no salieron en concurso.
PIDEN MEDIDAS CAUTELARES
En la demanda, la empresa denunciante solicita medidas cautelares. Entre ellas, la suspensión suplicada. Asegura que el procedimiento de actuación “mezcla de manera sorprendente las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios”.
La aparición de 3.042 nuevas licencias, curiosamente, benefició a las grandes operadoras de motosharing, que en su mayoría tienen importantes empresas y capitales de riesgo controlando cada compañía. Además, cabe señalar que muchas de ellas operaban en la alegalidad antes de que se hiciera el primer concurso.
LAS BENEFICIADAS: GRANDES EMPRESAS
Es el caso de Cooltra, cuyo 80% de la empresa está controlado por Suma Capital, un fondo de capital riesgo. El fondo holandés de venture capital Poonoc ha entrado en Yego. Mutua Madrileña, Seaya Ventures y Capital forman parte de Movo. Scoot, que también aparece en la demanda, se retiró de Barcelona en agosto, cansados de la arbitrariedad del gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha sido denunciado ante Antifraude “por connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de empresas incumbentes”.
LA RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
Este proceso es un duro golpe para Manuel Valdés. En su defensa, el gerente de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona aseguró a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública que “ni los servicios municipales pueden tener de forma fiable el acceso en tiempo real” al número de motos compartidas que operan en Barcelona ni su ubicación.
Una fuente del Ayuntamiento de Barcelona consultada por Metrópoli ha confirmado que un operador de motorsharing ha presentado una demanda. No obstante, ha manifestado que en julio no se incrementaron las licencias, asegurando que dicho proceso "se ha iniciado este mes de enero, a partir de la notificación a todas las empresas licenciadas en la que se declararon vacantes 918 licencias para ciclomotores y motocicletas de acuerdo con la resolución 28 de agosto de 2020" La misma fuente ha afirmado, asimismo, que se ha notificado la "ampliación de 3.042 licencias temporales de uso común especial del dominio público para el estacionamiento de ciclomotores y motocicletas".
Desde el Ayuntamiento añaden que "el reparto de licencias todavía no se ha efectuado" y que se hará siguiendo criterios "de igualdad".