Los informes de reagrupamiento familiar cuestan 238.000 euros

La empresa Airun Serveis Culturals se embolsará 238.829 euros durante este año por un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona para realizar las propuestas de informes de adecuación de viviendas necesarias para el reagrupamiento familiar y para la renovación de las autorizaciones de residencia en virtud del reagrupamiento. El contrato fue otorgado el pasado 11 de febrero y tendrá una duración de un año, aunque podría ser renovado por otro ejercicio, por lo que el monto final se doblaría, llegando a más de 477.000 euros.

Estos informes no son técnicos, como los de las inspecciones técnicas de edificios (ITE), necesarios para tramitar las cédulas de habitabilidad. Se trata de informes contemplados en la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El artículo 55 prevé que “para obtener la autorización de residencia para el reagrupamiento de sus familiares, las personas extranjeras habrán de acreditar la obtención de un informe sobre la adecuación de su vivienda, que habrá de ser emitido por la comunidad autónoma”. Además, el artículo 61 establece “la necesidad del citado informe en la renovación de las autorizaciones de residencia en virtud del reagrupamiento familiar en caso de cambio de domicilio desde el reagrupamiento”.

OBLIGACIÓN DEL INFORME MUNICIPAL

Así lo detalla un informe de justificación del propio consistorio, que subraya que el órgano competente autonómico podrá realizar consultas al Ayuntamiento donde el interesado esté empadronado. En virtud de un convenio firmado entre el departamento de Benestar social i Família, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis, se activó un protocolo que reconoce el “papel decisivo” de los ayuntamientos y en el que se obliga a que “será preciso contar con un informe del Ayuntamiento en el que la persona esté empadronada”.

De ese modo, la responsabilidad final recae sobre la Administración local, que es la que tiene más medios para controlar el padrón municipal y las personas que viven dentro de sus límites territoriales. Así, el contrato establece dos niveles de gestión: por un lado, la elaboración de las propuestas de informe de adecuación; por otro lado, el apoyo a los equipos de supervisión de las viviendas.

Jóvenes que han participado en reagrupamiento familiar en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUPERVISIÓN 'IN SITU'

Cada petición de reagrupamiento da lugar a un expediente. A partir de ese momento, se pone en marcha una complicada maquinaria burocrática que implica llamar un máximo de tres veces en un periodo de diez días laborales y reunir toda la documentación que exige la ley. Además, semanalmente se adjudicarán las supervisiones. El expediente se tramita en varias fases. Al culminar el procedimiento en el Ayuntamiento (cuando llega a la Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio), se envía a la Generalitat.

En las tareas de supervisión, los inspectores municipales han de desplazarse personalmente a los domicilios para comprobar “el número de estancias, los metros cuadrados útiles o los equipamientos”. Además, deben comprobar “la existencia y el funcionamiento de los servicios de las viviendas, como agua o luz, si hay calentador, los sistemas de conservación y cocción de alimentos, etcétera”. Se trata, en definitiva, de comprobar que existen unos mínimos estándares de calidad de vida que puedan ofrecerse a los familiares que vengan a reunirse con los migrantes que viven en Barcelona.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

La tramitación de los expedientes no puede durar más de 35 días y todos los datos se envían a unas dependencias municipales ubicadas en el paseo de Sant Joan, que han sido equipadas con los correspondientes ordenadores, impresoras, escáner, teléfonos, móviles, flexómetros digitales, conexiones y mobiliario. Todos los datos recogidos se consideran confidenciales y los empleados que se dediquen a estas tareas están obligados a firmar un compromiso de confidencialidad por el cual se comprometen a mantener la máxima reserva y secreto sobre la “información clasificada como confidencial”, dada su naturaleza de datos personales, sí como a no divulgar o publicar dicha información y a no conservar ninguna copia de los documentos una vez acabado el servicio.

A la licitación se presentaron dos empresas. Para escoger a la ganadora, se establecieron dos clases de criterios: los automáticos y los de juicio de valores. En ambas resultó ganadora Airun Serveis Culturals, que finalmente se llevó la adjudicación.