Janet Sanz declara en la Ciutat de la Justícia por una querella por prevaricación
La teniente de alcaldía, investigada por el 'caso Buenos Aires', tiene como abogada a la penalista Olga Tubau
15 marzo, 2021 11:43Noticias relacionadas
Janet Sanz declara este lunes por la mañana en la Ciutat de la Justícia por una querella por prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Detrás de la denuncia contra Sanz está la gestión que el Ayuntamiento ha hecho en la casa Buenos Aires de Vallvidrera.
El edificio fue okupado y, posteriormente, el consistorio inició la Modificación del Plan Generalitat Metropolitano (MPGM) para preservar y expropiar el inmueble y construir en él pisos dotacionales. La querella pivota en la negativa de Sanz en conceder la licencia de obras para abrir un hotel en la finca antes de la MPGM.
ACOMPAÑADA DE ALBERT BATLLE
Sanz ha llegado a la Ciutat de la Justícia a las 10.00 horas y ha empezado a declarar una hora más tarde. La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad iba acompañada, entre otros, por el teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención y concejal de Sarrià-Sant Gervasi Albert Batlle, el secretario del Ayuntamiento Jordi Cases, y el concejal de Sants-Montjuïc y de Derechos de la Ciudadanía y Participación Marc Serra.
La abogada de Sanz es Olga Tubau, que fue la letrada que defendió al comisario jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero por su implicación en el proceso independentista.
"INTERÉS GENERAL", SEGÚN EL AYUNTAMIENTO
Como avanzó Crónica Global, la querella contra Sanz es por la denegación injustificada de los permisos de derribo, obras mayores y actividad, informó el medio, que citó a fuentes del fondo London Private Company, que quería construir el hotel en la casa Buenos Aires. El edificio pasó años abandonado y sin preservar antes de que fuera okupado. El interés municipal vino después.
El Ayuntamiento defiende el “interés general” para haber iniciado la MPGM para la preservación y la transformación del edificio en un equipamiento público. El consistorio asegura que cuenta con todos los informes jurídicos que justifican la calificación y la posterior adquisición, según el precio justo que fije el órgano jurídico competente. La cifra, según los cálculos municipales, podría ser de unos 3,5 millones de euros -ésta es la cantidad que se dio el pasado mes de julio-. Fuentes municipales recuerdan que la MPGM fue aprobada por la totalidad de la comisión de gobierno y por una mayoría absoluta del pleno.
La modificación del PGM aprobada por el Ayuntamiento en el pleno del pasado noviembre estaba pendiente de ser ratificada de forma definitiva por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. El Govern dio el visto bueno el 1 de marzo a los planes municipales de proteger el edificio y hacer en él pisos dotacionales [ver aquí el acta de la subcomisión de Urbanismo].