Las cuentas electorales de Manuel Valls, bajo sospecha

Las cuentas electorales de la coalición Barcelona pel Canvi-Ciutadans, que Manuel Valls encabezó al Ayuntamiento de la ciudad en 2019, están bajo sospecha. Lo dice el Tribunal de Cuentas, el "órgano responsable del control externo del sector público español", que ha elaborado el Informe de Fiscalización de las Contabilidades de las elecciones locales de 26 de mayo de 2019 [ver aquí, páginas 102 y 103].

El Tribunal de Cuentas manifiesta que de la información facilitada por la coalición y los proveedores se observa "la existencia de gastos electorales no declarados en la contabilidad presentada por un importe de 189.497,15 euros". Del importe no declarado, un total de 188.867,15 euros ha sido facturado y abonado por la asociación Barcelona Capital Europea. La citada es la plataforma que el propio Valls presentó, en septiembre de 2018 de cara a las municipales de mayo de 2019, antes de la coalición oficial de Valls con el partido naranja –que fue en abril de 2019– aunque ya se sabía que concurrirían juntos a las elecciones. 

"IRREGULARIDAD SANCIONABLE"

El órgano fiscalizador considera que Barcelona pel Canvi-Ciutadans incumplió lo dispuesto en la Ley orgánica sobre la financiación de partidos políticos, "que no permite aceptar que, directa o indirectamente, terceras personas asuman de forma efectiva el coste de las adquisiciones de bienes, obras o servicios" o de "otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos". Según el Tribunal de Cuentas, la aceptación por terceros del coste efectivo de las adquisiciones de bienes, obras o servicios o de otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos "constituye una irregularidad sancionable".

Del total de gastos electorales no declarados en la contabilidad presentada -189.497,15 euros-, 126.479,14 euros "se han tenido en cuenta a efectos del cumplimiento del límite máximo de gastos", subraya el Tribunal de Cuentas, mientras que 63.018,01 son gastos de naturaleza electoral pero que "han sido realizados antes de la convocatoria de las elecciones, por lo que no han sido considerados gastos electorales ni tenidos en cuenta para el cálculo del límite máximo de gastos".

Manuel Valls, entre Luz Guilarte y Celestino Corbacho, durante un acto de la campaña electoral / EFE

Barcelona pel Canvi-Ciutadans presentó alegaciones al informe del órgano fiscalizador. Sobre los 189.497,15 euros no declarados, el administrador electoral de la coalición alega que no pueden ser considerados gastos electorales "en atención al sujeto (una asociación) que realiza las actividades ni al objeto (no son actividades dirigidas a la petición de voto)", indica el texto. No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que de los conceptos facturados (Campaña MV: fase precampaña, MV campaña de promoción de valores europeos o Producción de vídeos meeting campaña) se desprende "que la naturaleza y finalidad de los servicios prestados se identifican con las actividades y fines propios del proceso electoral, por lo que deberían haber sido declarados por la coalición y facturados por la misma y no por la asociación".

Los gastos de la coalición de Valls según el Tribunal de Cuentas / TRIBUNAL DE CUENTAS

Ciutadans también presentó alegaciones por su cuenta. Ambos partidos políticos, Barcelona pel Canvi y Ciutadans, partieron peras en junio de 2019 por el apoyo de Valls y otros dos ediles -de los seis que sacó la coalición- a la investidura de Colau. Según el informe del Tribunal de Cuentas, el partido naranja asegura "no haber tenido conocimiento con anterioridad de los gastos electorales no declarados" y que los gastos atribuidos a la coalición "es fruto de la confusión entre las actividades de la asociación (y su plasmación contable) con las de la coalición", y asegura que de haber tenido conocimiento no habría autorizado dichos gastos. 

UN EXCESO DE GASTO DEL 71,15% EN EL PROCESO ELECTORAL

En otro orden de cosas, el informe fiscalizador detalla también que la formación liderada por Valls "superó el límite máximo de gastos" previsto para el proceso electoral en 126.819,24 euros, un 71,15% por encima del límite establecido (178.237,73). El total de gastos ascendió a 305.056,97 euros. El citado no es el único límite de gastos que superó la coalición. El Tribunal de Cuentas asegura que el exprimer ministro francés se gastó más de lo debido en publicidad exterior, un 9,97%. El límite es de 35,647,55 euros mientras que el partido desembolsó 39.199,87, 3.552,32 euros más. En radio y prensa, el órgano no ha detectado un exceso de gasto. Valls usó 7.000,96 euros y el límite era de 35.647,55.   

Manuel Valls, exalcaldable y actual concejal en el Ayuntamiento / LENA PRIETO

El Tribunal de Cuentas dice que la formación tampoco le ha remitido "la identificación de las cuentas bancarias electorales abiertas", lo que incumple una instrucción del propio Pleno del Tribunal de Cuentas. En la contabilidad electoral, además, se ha observado la siguiente deficiencia en el registro contable: "La coalición no ha utilizado la codificación diferenciada que prevé el Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP) para las cuentas electorales de acreedores, lo que dificulta la identificación de actividades de distinta naturaleza: la ordinaria y la electoral", indica el documento.

En el informe elaborado, el Tribunal de Cuentas detalla que los recursos declarados por la coalición fueron 181.250 euros, de los que 177.000 eran aportaciones del partido y 4.250 aportaciones privadas. El órgano fiscalizador cifra en 181.844,83 euros los gastos declarados para operaciones ordinarias, de los que 178.577,83 son gastos electorales ordinarios justificados y 3.267 euros gastos no electorales. Estas son algunas de las cifras que aparecen en el cuadro que acompaña esta información y que sale en el informe del Tribunal de Cuentas.

SIN REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN ELECTORAL

A pesar de las irregularidades detectadas, y "con independencia de otras actuaciones que puedan proceder", el Tribunal de Cuentas concluye que "no procede la formulación de propuesta de no adjudicación o reducción de la subvención electoral que corresponda percibir a la formación política". El órgano público no concreta si van a imponer sanciones y si las irregularidades detectadas han sido derivadas a otro organismo o tribunal o si ha recomendado que se emprendan otras actuaciones.