Así se paga a las entidades 'amigas' desde el Ayuntamiento

“Extraordinario” es el adjetivo que el Ayuntamiento ha aplicado a una serie de subvenciones otorgadas a plataformas y entidades vinculadas en el pasado a un puñado de altos cargos municipales, empezando por la propia alcaldesa, Ada Colau. En parte, es cierto que es extraordinario que cada dos años, la alcaldesa conceda una subvención de más de 324.000 euros al Observatorio DESC, la entidad que le pagaba a ella su salario durante los años anteriores a ser alcaldesa, concretamente entre 2007 y 2015. Pero, por lo demás, las subvenciones a entidades amigas vinculadas a altos cargos municipales hace tiempo que dejaron de ser extraordinarias para convertirse en reiterativas y periódicas. En otras palabras: el erario público se ha convertido en una fuente de financiación para muchos proyectos de entidades amigas que le bailan el agua a la cúpula del consistorio.

Ada Colau ya dependía del erario público mucho antes de ser alcaldesa: una ayuda oficial el consistorio barcelonés engrasaba las arcas de DESC (cuyo cerebro no era otro que Jordi Borja, antiguo teniente de alcalde de Barcelona). Durante los últimos años, esta entidad ha eliminado de su web los enlaces que justificaban pagos a Ada Colau, Gala Pin o Vanesa Valiño. La primera es la actual alcaldesa, la segunda fue concejal hasta las últimas elecciones, en que fue descabalgada de las listas, y la tercera es asesora en materia de vivienda y esposa de Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura y miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados en la actualidad.

AYUDAS MILLONARIAS

Las tres activistas de los comunes están ahora querelladas por la plataforma Abogados Catalanes por la Constitución, que las acusan de los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Junto a ellas, son también objeto de la querella (que ya fue admitida a trámite por la Fiscalía Anticorrupción) Laia Ortiz, exconcejala del área de Derechos Sociales, y Laura Pérez, actual concejala. Un repóquer de activistas que están vinculadas, según la denuncia, a la concesión de subvenciones millonarias al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), curiosamente otra entidad fundada por Ada Colau, a Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a Enginyers Sense Fronteres (ESF), una plataforma ya desmenuzada en varias ocasiones por este diario, a la que estuvo estrechamente vinculado -de hecho, fue uno de sus altos cargos- el actual concejal Eloi Badia. A ese repóquer de querelladas, se le suma Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC, como principal receptora de las subvenciones públicas.

La acusación apunta a que las cuatro entidades percibieron los últimos años un total de 3,4 millones de euros, de los que 1,2 millones corresponden a Observatorio DESC y algo más de 645.000 euros, a ESF. Para los denunciantes, lo único extraordinario no es la naturaleza de las subvenciones, sino la discrecionalidad de los altos cargos municipales, que supuestamente riegan de ayudas públicas a las entidades afines, a las que incluso estuvieron vinculados laboralmente.

OTRA SUBVENCIÓN EN ENERO

Los lazos son evidentes: Pisarello había sido vicepresidente del Observatorio DESC durante 10 años y el exteniente de alcalde Jaume Asens, actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, miembro de la junta de esa entidad. Además, por esa plataforma pasó también la actual directora de comunicación, Águeda Bañón. En resumen, el club de amigos de DESC desembarcó con armas y bagajes en el Ayuntamiento barcelonés en el 2015 y una parte de ese batallón morado todavía continúa incrustado en las estructuras municipales.

La querella recoge que la Gaceta Municipal del pasado 15 de enero anunciaba la concesión de otros 324.600 euros al Observatori DESC para el proyecto “Derecho a la Vivienda y a la Energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico con la finalidad de ofrecer algunas respuestas a personas y/o familias que se encuentren ante un riesgo real de padecerlo, así como a aquellas que pueden perder los derechos al consumo de energía o agua”.

Un acta de septiembre pasado recogía también la regularización de otro crédito correspondiente al año 2019 de 162.300 euros. En esa reunión, la concejal Laura Pérez hizo constar que ese dinero “se origina en el momento de cambio de áreas, que da lugar a un impago. Es decir, no se trata de una nueva subvención, sino de pagar un derecho convenido y presupuestado por unos conceptos que ya se habían ejecutado. Recuerda que facilitaron también la explicación más técnica y pidieron disculpas, y añade que el proyecto Derecho a la vivienda y energía es un convenio plurianual y los pagos de los años 2018 y 2020 sí se han hecho”. Acta dixit.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN E INTERVENCIÓN

Ya entonces, la concejal de ERC Eva Baró dejó caer que es “incomprensible que se esté aprobando un expediente de reconocimiento de crédito por un importe de 162.000 euros y pide que se reflexione sobre la necesidad de empezar a analizar cómo se evalúan los trabajos hechos a través de estos convenios y estas subvenciones, porqué se renuevan algunos convenios prácticamente como derechos adquiridos por inercia y qué resultados aportan estas subvenciones, sobre todo con el objetivo de garantizar que el dinero público, el dinero de todo el mundo, se gasta de una manera adecuada”. También Óscar Ramírez, concejal del PP, alertaba de que la tramitación de ese dinero hacía referencia a una subvención muy elevada, “por un importe de 324.600 euros, a favor del Observatorio DESC, que muchas veces ha sido puesta en duda por la intervención del Ayuntamiento, ya que se va repitiendo hace muchos años”.

En efecto, ya lo decía el Interventor municipal, que avisaba de que “esta subvención se viene repitiendo desde hace años y, por tanto, su carácter excepcional no parece justificado”. Desde el equipo de gobierno, las objeciones que pudiera poner la Intervención no fueron tenidas en cuenta, lo que da pie a los denunciantes a asegurar que lejos de tomar medidas, el equipo de gobierno “con íntimas relaciones con los beneficiarios de la subvención, firmaron un nuevo convenio”.

Días después de cobrar los atrasos de 2019 en la época más dura de la pandemia, DESC se embolsaba otra subvención (39.277,28 euros en 2020 y 34.940,33 euros en 2021) por el proyecto Right to housing, coherències i fons voltros a BCN: un pols per la Justícia.

LAS AYUDAS, PARA PAGAR AL PERSONAL

Para Ada Colau, la excusa es que las subvenciones ya existían: la ayuda a DESC se venía concediendo desde la época de Xavier Trias y se iba renovando bianualmente. Le falta reconocer que esa subvención servía, en su momento, para pagar su propio salario: 2.699,49 euros mensuales, así como el de Gala Pin (1.846,51 euros) o el de Vanesa Valiño, que oscilaba entre 1.729,63 y 2.366,30 euros mensuales.

Por eso, la querella relata que al Observatorio DESC “se vienen otorgando subvenciones, algunas de ellas en modo de subvenciones directas excepcionales apoyadas en la firma de convenios, como lo que nos ocupa, que dado que se viene prorrogando y ampliando desde 2014, es más indefinido, de facto, que excepcional, como reza el mismo, lo que solo cabe interpretar, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva de otras entidades y la libre licitación, máxime cuando la subvención la recibe DESC y, como reconocen en su web, prácticamente la totalidad de la subvención se emplea en la contratación del personal de DESC, lo que supone que mediante este mecanismo el Ayuntamiento de Barcelona paga los sueldos de los trabajadores de DESC desde hace años”. En otras palabras: el dinero público del Ayuntamiento sirve para mantener un puñado de sueldos de una entidad a la que estuvo ligada la alcaldesa. ¿Revierte en algo ese dinero al bien público o es, pura y llanamente, un despilfarro?

Además de la abundancia de subvenciones directas y extraordinarias, los denunciantes apuntan también a la inoportunidad de algunas ayudas públicas a esas entidades, ya que además de engrasarlas con dinero para pagar a su personal, se les otorgan ayudas para otros fines: por ejemplo, se les han dado cuantiosos fondos para actividades centradas en la “vulneración de derechos humanos en Jerusalén, que nada tienen que ver con la vivienda y algunos de ellos [se refiere a los proyectos], tampoco con las competencias municipales”. En cambio, subraya la querella que se ofrece a las entidades amigas la subvención por proyectos que deberían ser “encargos profesionales, que debieran ser de libre concurrencia, como recopilar datos, elaborar informes, el diseño de campañas sobre vivienda y pobreza energética o la realización de jornadas. Ya desde el convenio inicial, el objeto es un asesoramiento jurídico y social, más propio de profesionales colegiados de cada materia, que no debiera excluirse de la libre concurrencia y, por tanto, no excluirse de la convocatoria pública, como expresamente se ha hecho”.

EN MARCHA EL VENTILADOR  

Desde el consistorio, Colau puso en marcha el ventilador. Intentó descalificar la denuncia aduciendo que el mismo grupo de abogados ya había presentado otras denuncias (que se conozca, recurrió el proyecto de multirreferéndum, que ganaron en los tribunales) y luego declaró a una emisora de radio que uno de los denunciantes había militado en UPyD, lo que, en principio, no incide para nada en el objeto de la denuncia. Para Colau, Abogados Catalanes por la Constitución “hace tiempo que se dedican a poner denuncias con claros fines políticos. Es una práctica que ya hemos visto de forma reiterada en el caso de Unidas Podemos. Denuncias y más denuncias, que llenen portadas y tertulias y que luego acaban archivadas. Parece que ahora nos toca al gobierno de Barcelona estar en el foco de atención”.

En su página de Facebook, Colau echó más leña al fuego: achacó la querella a “una ofensiva judicial que ha intentado paralizar o ralentizar muchas de las medidas innovadoras destinadas a defender el bien común” y destacó que “desde que soy alcaldesa, hemos recibido denuncias de fondos buitre -contra tres concejales y contra mí- por defender a vecinos que iban a ser expulsados de sus viviendas, hemos recibido una batería de denuncias que ha paralizado un reglamento que iba a servir para consultar a la ciudadanía sobre cuestiones como la gestión pública del agua; hemos recibido denuncias por no dar licencia a hoteles de lujo que eran rechazados por los vecinos; se ha recurrido ante la justicia nuestro proyecto de dentista público, nuestra empresa eléctrica pública…”. Esos casos no tienen nada que ver con el actual, pero con el ventilador en marcha, ese detalle pasa desapercibido.

Que el Observatorio DESC es la debilidad de los altos cargos del Ayuntamiento parece un hecho incontestable. En el marco de la comisión no permanente de estudio sobre la regulación de los precios de los alquileres el año pasado, los responsables municipales incluyeron, como ponente, entre los representantes de organismos municipales, nacionales e internacionales, o especialistas universitarios de peso, el nombre de un técnico del Observatorio DESC. Y hace justamente una semana, Gerardo Pisarello colgaba en la web de Barcelona en Comú un artículo bajo el título El vergonzoso blindaje de Juan Carlos de Borbón. El flamante miembro de la Mesa del Congreso obviaba que también hay vergonzosos blindajes dentro de su propia casa, la casa morada de Barcelona.