El gobierno de Ada Colau dio en 2020 unos 37 millones de euros en subvenciones directas o nominativas. Así lo asegura el grupo municipal del PP. El presidente de los populares en el Ayuntamiento Josep Bou critica que estas ayudas se han dado sin ningún tipo de concurrencia. "Se han otorgado a dedo. Legalmente, la subvención directa o a dedo simplemente se puede usar con carácter excepcional y por razones de interés público social, económico o humanitario". Según los populares, estos criterios no se cumplen.
En distintas ocasiones, Metrópoli ha sacado a la luz subvenciones directas por parte del Ejecutivo local. En la comisión del pasado 19 de noviembre, por citar un ejemplo, Colau y Jaume Collboni aprobaron subvenciones sin concurso a una quincena de entidades por valor de 1,2 millones de euros. Entre los beneficiarios de las subvenciones figuraban los sindicatos CCOO y UGT, el Gremi d'Hotels, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Cataluña (FECAC), la Fundació Bosch i Gimpera, la Fundació EURECAT, la entidad Impulsem SCCL, la asociación MedCités/MedCities, el Consell de la Joventut de Barcelona, Intermon-Oxfam y la Federació d'Entitats del Clot.
Según el PP, en seis años el Observatori Desc, una entidad en la que trabajó Colau, ha recibido 1,2 millones en ayudas municipales. "No hay manera de justificar estas subvenciones, que son muy recurrentes y anuales, cuando deberían ser puntuales y por tareas concretas. Hace tiempo que pedimos que se minimicen este tipo de ayudas y se recurra a procedimientos más objetivos y evaluables", dijo Bou en marzo. En distintas ocasiones, este medio se ha hecho eco de las subvenciones recibidas por el Observatori Desc y otras entidades amigas, como Enginyers Sense Fronteres. Algunas de ellas están siendo investigadas por Fiscalía.
128 ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES
El PP ha presentado 128 alegaciones a las cuentas generales municipales del 2020. El partido de los concejales Bou y Óscar Ramírez denuncia que un 95% de las adjudicaciones que hace el Ayuntamiento son directas. Una de las estratagemas que usa el Gobierno de Colau y Collboni, afirman los populares, es el fraccionamiento de contratos para evitar procedimientos abiertos. "Es una manera recurrente de gestionar el dinero de los barceloneses. Hemos comprobado una vez más que en la política municipal de subvenciones priman los aspectos ideológicos por encima del interés social y ciudadano”, detalla Bou.
Josep Bou, presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona / EFE
El PP ha formulado 57 peticiones de información al gobierno, de las cuales 22 no han sido contestadas o su respuesta ha sido completamente inadecuada para lo que se pedía, explican fuentes del PP a este medio. A los populares, Barcelona en Comú y el PSC no les han facilitado los contratos anuales de entidades, institutos o fundaciones con participación municipal como Barcelona Cicle de l'Aigua [que lidera el concejal Eloi Badia], Foment de Ciutat, el Museu Picasso, el Institut Municipal d'Urbarnisme, la Fundació Mies Van Der Rohe, el Institut de Cultura de Barcelona, el Ecoparc del Besòs, el Port Fòrum Sant Adrià del Besòs, la Fundació Julio Muñoz Ramonet y la Fundació Carles Pi i Sunyer.
MENOS AYUDAS A FAMILIAS SIN RECURSOS, SEGÚN EL PP
La formación de Bou considera que las empresas en las que una parte significativa de sus ingresos provienen del Ayuntamiento -aunque la participación municipal sea pequeña- para la realización de obras y servicios, como es el caso de Barcelona Regional o la Barcelona World Race, "se tendrían que poder fiscalizar en el marco de la cuentas generales para auditar sus números y su contratación de servicios y personal". El PP critica la reducción de ayudas a las familias con pocos recursos, autónomos y familias numerosas y monoparantales y el aumento de las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO o las transferencias al Pla Estratègic Metropolità.
En 2019, el Ayuntamiento hizo contratos menores por valor de 43,3 millones de euros. Se trata de adjudicaciones directas, por lo general por debajo de los 18.000 euros, denunció la regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, en el pleno municipal del pasado octubre. Unas semanas antes, Ciutadans puso sobre la mesa que el consistorio había otorgado casi 300 contratos un céntimo por debajo del límite legal, esto es 18.000 euros. "Colau abusa de la contratación menor de forma masiva, arbitraria y discrecional", dijo entonces la presidenta del grupo naranja Mariluz Guilarte.
52,3 MILLONES EN CONTRATOS MENOS O NEGOCIADOS
Ahora, el PP afirma que en 2020 el gobierno de Colau asignó 52,3 millones a proveedores mediante la adjudicación "a dedo" (a través de un contrato menor o un procedimiento negociado). El partido de Bou sostiene que Colau ha incumplido los límites de los importes para los contratos menores a los que se comprometió en 2016. Estos límites, recuerdan fuentes populares, eran de 200.000 euros para empresas con contratos menores de obras y de 100.000 para proveedores con otro tipo de contratos menores, como servicios o suministros.
Algunos contratos menores del Ayuntamiento de Barcelona / PP
A modo de ejemplo, el grupo de la oposición cita que el año pasado una misma empresa recibió 12 contratos para la adecuación de espacios públicos por valor de 410.870 euros. Y una persona física fue beneficiaria de 39 contratos en un año para suministro y servicio técnico por valor de 116.122 euros. En la imagen superior se pueden consultar algunos de los ejemplos de contratos menores a una misma empresa facilitados por el PP. “Hay unos gastos estructurales que son excesivos y que se tienen que reducir urgentemente de la misma manera que las familias se han tenido que abrochar el cinturón. Con los recortes en estructura y sueldos podríamos afrontar con más recursos los problemas de la inseguridad, el paro o la falta de vivienda pública”, subraya Bou.