A la caza del defraudador municipal: los planes de los inspectores del Ayuntamiento

Mano de hierro en guante de seda. Así quiere el Ayuntamiento que sea la presión fiscal para los barceloneses. No habrá tregua para los impuestos. La mano de la hacienda municipal será implacable. Así se desprende de un documento fechado el pasado 8 de mayo de 2021, firmado por Enric Benito i Puigdomènech, secretario delegado del Ayuntamiento. Se trata de las Directrices Generales del Plan de Control Tributario 2021, que trata de cómo prevenir el fraude y cuáles son los objetivos prioritarios de los inspectores municipales.

“Los objetivos del plan de inspección están limitados por los efectos causados por la pandemia. Por este motivo, en función de la evolución de la situación, podrían ser alterados parcialmente”, destaca el informe. De lo que no cabe duda, especifica, es de que su cometido es “reducir la brecha fiscal, es decir, el número de contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales”. Así, la actuación municipal en esta materia se plasmará en tres grandes ejes: “Inspección y control de la tributación correcta de los grandes contribuyentes, con atención especial a las empresas explotadoras de servicios de suministro, las grandes fundaciones y entidades religiosas, la actividad inmobiliaria, el sector del juego, despachos de abogados, consultorías / auditorías, notarías y las instituciones financieras no bancarias; colaboración en la lucha contra el fraude en fase de recaudación; y priorización de la investigación de los hechos imponibles no declarados”.

A POR LAS TELEFÓNICAS

En el punto de mira de los inspectores están las empresas de telefonía y servicios. En este sentido, el informe recuerda que hay una tasa fiscal reguladora “por la utilización privativa o aprovechamiento especial de vuelo, suelo, y subsuelo de dominio público para las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil que presten servicios mediante recursos de su titularidad con red de telecomunicaciones, sistemas de fibra óptica, televisión por cable u otra técnica que disponga de redes o instalaciones que transcurran por el dominio público municipal”. Así, “se investigarán aquellas empresas que no hayan presentado declaración y se comprobará la declaración presentada y emitir la liquidación de conformidad con el artículo 7,1 de la Ordenanza fiscal 3.16”.

Otra de las inspecciones fuertes será en relación con los cajeros bancarios, abiertos a menos de 80 centímetros de la línea de fachada: se comprobarán todas las autoliquidaciones referentes a 2021 para contrastar con las declaraciones de ejercicios anteriores. De la misma manera, se revisarán “los beneficios fiscales de las entidades son ánimo de lucro e iglesias, a fin de comprobar que las exenciones en relación con el IBI, IAE, plusvalía e ICIO se adecuan a la normativa comunitaria y no son, por tanto, ayudas encubiertas contrarias a la normativa de la UE que establece como uno de sus principios la libre competencia”.

EL FRAUDE DE LOS COCHES

Una parte importante de la actividad inspectora lo absorberá también el control de las empresas de compra-venta, leasing o renting de coches. En este sentido, el Ayuntamiento ha detectado que muchas empresas con sede en otras localidades actúan en realidad en Barcelona, pero pagan sus impuestos de circulación en otras localidades más baratas. “La actuación inspectora se centrará en la deslocalización de flotas de vehículos en otros municipios. Concretamente, las flotas de vehículos de empresas dedicadas a la venta de coches, alquiler, renting o leasing que domicilian sus vehículos en municipios que tienen una tributación muy baja por Impuesto de circulación, cuando su actividad principal la desarrollan en la ciudad de Barcelona y en estos municipios no tienen ni actividad, ni vehículos ni personal”.

En cuanto al IAE, se prestará especial atención a “las empresas dedicadas al comercio al mayor y al detalle, a la restauración (comida rápida), con especial atención a las que hacen servir Internet como canal de venta”. A estas empresas se les someterá a un control a través de sus epígrafes de actividad. De la misma forma, se fiscalizará a las “empresas de promoción inmobiliaria, focalizando la comprobación en la declaración respecto de los metros cuadrados vendidos y no en los declarados, lo que se contrastará con la información facilitada por los notarios y con las autoliquidaciones o declaraciones presentadas a los efectos de la plusvalía, el IBI y otras bases de datos municipales”. En ese mismo control del IAE, caerán bajo la inmisericorde lupa inspectora las empresas dedicadas al “asesoramiento jurídico, fiscal, consultoría y notarías”, las comercializadoras de energía y las que tienen “expedientes relacionados con el juego: salas recreativas y casinos”. No se olvidan tampoco de “empresas que figuran en las bases de datos del IAE sin elementos tributarios, mayoritariamente sin superficie, empresas ubicadas en la Zona Franca dedicadas a las actividades de fabricación, reparación, comercialización o cualquier otra actividad”.

LAS HERENCIAS, BAJO LUPA

Las herencias no se libran de la mano de hierro municipal. Desde hace tiempo, el Ayuntamiento presta atención a las transmisiones de propiedades y a los datos de los notarios para descubrir ocultaciones y regularizar las transmisiones de dominio y de derechos reales sobre bienes inmuebles. “Además, se utilizará el intercambio de información con la Agencia Tributaria de Cataluña para conseguir, mediante el cruce de datos, descubrir hechos imponibles ocultos y los correspondientes sujetos pasivos. A este efecto, se analizarán las operaciones que han tributado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales”.

De ese modo, se realizará una revisión de autoliquidaciones y una verificación de datos de transmisiones. En concreto, se revisaran con lupa cuatro fórmulas de autoliquidación: “Las autoliquidaciones correspondientes a transmisiones hereditarias de la vivienda habitual del causante pagadas con bonificación del 95%; las autoliquidaciones correspondientes de transmisiones hereditarias pagadas con bonificaciones del 95% por locales destinados a actividades profesionales o empresariales de los finados; la verificación del cumplimiento de los requisitos referentes a la bonificación del 95% por transmisiones hereditarias de la vivienda habitual o el local destinado a una actividad empresarial o profesional y las posibles causas que comportaría su pérdida; y las correspondientes a las autoliquidaciones satisfechas de importe superior a una cantidad determinada”.

REVISIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

Advierte el informe, no obstante, que “también se comprobarán en el 2021 y se liquidarán las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores no prescritos, como transmisiones no sujetas, prescritas o las declaraciones presentadas por falta de valor catastral. Asimismo, se revisarán las solicitudes de prórroga en transmisiones hereditarias, a los efectos de comprobar si se ha ingresado la autoliquidación al acabar el plazo de la prórroga”.

Respecto al IBI, también “se revisará la situación tributaria de edificios singulares que, los últimos años. Han figurado como exentos en las bases de datos del IBI, con la finalidad de comprobar que se mantengan las circunstancias que determinaron la procedencia de la exención en su día. La revisión se hará comenzando por las fincas que dispongan de un valor catastral más elevado”.

Además del control del impuesto de circulación (para que no haya fraude en la cuota a pagar), este año el plan de control tributario prevé que el Ayuntamiento se adhiera a dos nuevos procedimientos de Hacienda: al procedimiento del ‘punto neutro’, que es enviar un fichero de deudores a la AEAT para embargar deudas; y el convenio de Hacienda con la FEMP para la recaudación vía ejecutiva. Por último, quiere hacer un seguimiento de los procedimientos concursales y derivar la deuda a los herederos cuando la deuda pertenezca a un ciudadano que fallezca. Nadie se librará de la Hacienda municipal ni cuando se haya muerto.