Colau contrata un bufete privado para llevar los pleitos por la pandemia

La pandemia ha dinamitado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona. Así, como suena: el consistorio barcelonés no da abasto para tirar adelante los pleitos contencioso-administrativos derivados de las multas impuestas por infracciones durante la pandemia y el pasado martes 23 de noviembre fichó al bufete FJM Advocats para reforzar el área de lo contencioso durante los dos próximos años. La broma costará a las arcas municipales 242.000 euros los próximos 24 meses, cantidad que se podría doblar si se le prorroga el contrato por otros dos años. En otras palabras: 484.000 euros para pagar a abogados que garanticen el cobro de las decenas de miles de multas impuestas por el Ayuntamiento durante la crisis sanitaria.

Un informe interno del consistorio reconoce que en 2021 ha habido un “considerable aumento de prestaciones que se corresponden, entre otras materias, con procedimientos sancionadores por desplazamientos no autorizados o conductas no permitidas por el conjunto de la normativa aprobada para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid, y con recursos contenciosos-administrativos interpuestos con motivo del elevado número de procesos de selección de personal tramitados en el periodo 2020-2021 por esta corporación”.

UN PROBLEMA AÑADIDO: BAJAS DE LETRADOS

Y, como a perro viejo, todo son pulgas, a ese aumento extraordinario de los pleitos contra ciudadanos que despreciaron las normas durante el confinamiento, hay que añadirle otro problema: el consistorio barcelonés se encuentra también con problemas en el área del personal jurídico. “El motivo de la externalización del servicio es la falta de medios personales suficientes para su ejercicio con la eficiencia l dedicación requerida, agravada por la pérdida de efectivos personales del área de lo contencioso, atendiendo a la situación de servicios especiales de uno de sus letrados y la inminente jubilación de otro letrado de la misma área”, explica en informe aludido.

La situación, pues, ha desbordado a los servicios jurídicos del consistorio, que han pedido refuerzos externos. “La dirección de los servicios jurídicos centrales ha de contratar un servicio profesional de asesoramiento, asistencia, representación y defensa en juicio ante los juzgados y tribunales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y los servicios de representación y defensa ante órganos y tribunales administrativos”, dice el informe para justificar la contratación de un bufete privado. El encargo a FJM Advocats lleva emparejada la incompatibilidad de éste en la vertiente contenciosa ante órganos o tribunales administrativos o en asuntos en los que pueda haber conflicto de intereses con la ejecución de los servicios del Ayuntamiento o de sus empresas y organismos.

PLEITOS DISPARADOS

Los pleitos del Ayuntamiento de Barcelona se dispararon en el 2021 en relación con el año pasado. Es cierto que hubo el estallido de la pandemia en la segunda quincena de marzo del 2020, pero aún así si comparamos los primeros meses del presente ejercicio con los del año pasado, el incremento de conflictos judiciales es indudable… y alarmante. Según los datos estadísticos del propio consistorio, sólo en los cinco primeros meses de 2021 ha habido 824 pleitos administrativos, frente a los 338 del ejercicio anterior. Ello representa un incremento prácticamente del 144%.

Los pleitos civiles pasaron de 5 a 14 (un aumento del 180%) y los pleitos menores pasaron de 2 a 7 (un 250%). Sólo mantuvieron el tipo los pleitos penales, que pasaron de 70 a 69, y los mercantiles, que de 9 en 2020 se pasó a cero en 2021. Otros conflictos varios pasaron de 5 a 10 y este año aparecieron, por si fuera poco, tres expedientes en el Tribunal de Cuentas y cuatro en Recursos Interadministrativos que en 2020 no existían. El total no deja lugar a dudas: de 429 pleitos los cinco primeros meses del año en el ejercicio pasado, se pasó a 931 en el presente: un aumento del 117%.

En un informe interno del consistorio reconocen que la irrupción de la pandemia en marzo del año pasado distorsiona la comparación. “Pero también es preciso tener presente que, si comparamos los meses homogéneos, es decir, enero y febrero, el incremento también es de 65 recursos sobre 223, es decir, un incremento del 30% en dos meses únicamente, referido este caso exclusivamente a asuntos de naturaleza contencioso-administrativa”. Para hacer más realista la comparación, pues, habría que comparar los datos del 2021 con los de 2019. Y la prueba del algodón es catastrófica: “Durante el periodo enero-mayo, pasamos de 464 en 2019 a 825 en 2021, es decir, un incremento superior al 77,8% en cinco meses”. No hay duda de que la pandemia afectó a muchos servicios de las maneras más insospechadas.

UN BUFETE ESPECIALIZADO

El bufete contratado está especializado en el sector sanitario y, por tanto, domina las interioridades de pleitos surgidos al calor de una crisis sanitaria. El fundador del despacho, Francesc José María Sánchez, siempre ha estado vinculado a ese sector y, de hecho, fue gerente del ICS (Institut Català de la Salut) entre 2006 y 2008. En la actualidad, es asesor de varias patronales; el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) y de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE). También es miembro del comité de ética del Consorci Parc Mar Salut (el Hospital del Mar), de Serveis Socials de Catalunya y del Consorci Sanitari Integral. Asimismo, pertenece al consejo asesor de la Fundació Ajuda i Esperança (Teléfono de la Esperanza). En el 2020, recibió la Medalla al mérito profesional de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos (por su aportación a la cultura de la paz y el diálogo). La licitación fue un duelo de leguleyos: FJM le dobló el pulso a importantes bufetes barceloneses, como Rousaud Costas Duran, el Bufet Vallbé, el Durán-Sindreu o el Barcelona Espai Legal, que se presentaron al concurso pero perdieron.

Precisamente FJM Advocats, junto a otro de los licitantes, presentó una oferta económica extraordinariamente baja, un 30% por debajo del precio previsto por el Ayuntamiento. Ello hizo que los técnicos municipales le pidiesen justificaciones ante esa anormalidad. El bufete alegó que la rebaja económica no afectaba al personal, sino “al beneficio industrial”. Los técnicos elaboraron, así, un informe en el que admitían que “la posibilidad de que un licitador rebaje su beneficio industrial, e incluso en determinados casos renuncie al mismo para justificar la baja económica está admitida por una constante y reiterada doctrina emanada de los tribunales administrativos de recursos contractuales y, por tanto, se puede aceptar como elemento justificativo de la viabilidad de la oferta presentada”. Al final, esa simple frase le valió para hacerse con el codiciado contrato.

Los precios que el despacho FJM aplicará al Ayuntamiento varían mucho en función de los servicios que tenga que prestar: van desde los 242 euros por un simple escrito de alegaciones o un recurso de súplica hasta los 3.811 euros de la preparación de un recurso de casación, pasando por los 2.420 euros de interposición de ese recurso, los 1.331 euros por un recurso de apelación o los 1.089 euros por la contestación a una demanda e interposición de un recurso ordinario. Los multados por el consistorio barcelonés durante la pandemia lo van a tener muy crudo.