Las empresas de Colau suspenden en ética: el Ayuntamiento esconde los informes negativos

Las iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona vulneraron sistemáticamente el código ético del propio consistorio. No lo dice la oposición: lo dicen los informes internos que la cúpula municipal se ha afanado en esconder. No figuran ni en la actividad del comité de ética ni en la web del área de Transparencia que los elaboró, ni en las webs de transparencia de las empresas municipales recriminadas.

El 28 de diciembre de 2020, curiosamente el Día de los Inocentes, se concluía la Memoria del Comité de Ética 2018-2019, un extenso informe de 385 páginas que saca los colores al consistorio barcelonés. El informe destaca que siguiendo la normativa vigente (y en concreto la disposición adicional segunda del Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento, la dirección de análisis del área de Transparencia emitió los informes para verificar la adaptación de los códigos éticos de las entidades municipales o dependientes del Ayuntamiento a las normas de conducta.

CUATRO INFORMES NEGATIVOS

La sorpresa fue mayúscula: a mediados de 2019 se estudiaron los códigos de Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa), de Mercabarna, de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) y de Cementiris de Barcelona. “Es todos estos códigos éticos, se detectaron disfunciones que los hacían no compatibles con el del Ayuntamiento de Barcelona, proponiendo medidas para conseguir su compatibilidad. Ninguno de los informes éticos de las referidas mercantiles obtuvo el informe favorable del Comité de Ética respecto a su compatibilidad con el código ético del Ayuntamiento de Barcelona exigido por la disposición adicional segunda del Código Ético y de Conducta”, dice el duro informe. Esas compañías son las únicas que tienen código ético y de ahí la importancia de la fiscalización.

Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y de Gracia en el Ayuntamiento de Barcelona / EP

Tampoco ninguno de esos informes figura en la página de transparencia que publicita a bombo y platillo el consistorio ni se ha incorporado a las páginas web de las distintas empresas municipales. Son informes fantasma que han desaparecido de circulación. En el caso de BCasa, se incorpora al texto una nota marginal en la que se dice que “respecto a su código ético, se evacuó el 30 de mayo de 2019 una adenda al referido informe precio de 27 de mayo. Adenda igualmente ratificada por el comité de ética”. A partir de ahí, se abre un oscuro abismo, un interrogante sobre la ética de esa sospechosa compañía y sus maniobras en la sombra.

UNA MANIOBRA OSCURA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal del ramo, Eloi Badia, intentaron, utilizando al Ayuntamiento barcelonés, crear una sociedad mixta para la prestación del servicio de gestión del ciclo integral del agua en el ámbito de la AMB, con el fin de arrebatarle el servicio a Agbar, que finalmente ganó a la alcaldesa en los tribunales. Badia había trabajado en ese sector durante siete años antes de entrar en el consistorio como concejal, ya que era uno de los responsables de la entidad Enginyers Sense Fronteres, una de las empresas líderes en la reivindicación de la remunicipalización del agua. Se da la circunstancia de que el informe del comité cita otro informe “sobre los hechos relacionados con la constitución por la AMB, juntamente con la mercantil Agbar, de una sociedad mixta (SEM) para la prestación del servicio de gestión del ciclo integral del agua en el ámbito de la AMB, librado a instancias de la gerencia de recursos”. Ese informe sobre la sociedad mixta -que era la que quería eliminar Colau y Badia- tampoco es accesible ni en los portales municipales ni en el de las BCasa.

Ada Colau quiere remunicipalizar el servicio del agua 

Según una denuncia de Agbar, Colau y Badia llegaron a subvencionar, entre 2016 y 2018, con más de 852.000 euros diversos estudios técnicos (de ellos, una parte fueron a los bolsillos de Enginyers Sense Fronteres) para impulsar la remunicipalización de la gestión del agua, lo que, aseguraba la multinacional, “queda fuera del ámbito competencial del Ayuntamiento”. También se pagaron 500.000 euros a Barcelona Regional para otros estudios, aunque la competencia excedía del ámbito barcelonés y recaía en la AMB. En el verano de 2019, mientras el Supremo daba la razón a Agbar y mantenía su contrato de gestión del agua, el Tribunal de Cuentas archivaba la denuncia sobre las subvenciones, al entender que el consistorio tenía legitimidad para encargar los estudios y ello no suponía una infracción contable o presupuestaria. Las subvenciones, por tanto, estaban justificadas. La Fiscalía también archivó las denuncias por subvenciones sospechosas interpuestas por Abogados Catalanes por la Constitución.

BIMSA SÍ RESPONDE

Pero no todo son reprimendas. Mejor acogida tuvo la actitud de otra compañía municipal: Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa), la sociedad que se encarga de la obra pública municipal. Su código ético se examinó antes de que el consejo de administración lo aprobara. “Fruto de este análisis, se evacuó informe precio en fecha 7 de marzo de 2019, advirtiendo de ciertas incompatibilidades con el código ético del Ayuntamiento y proponiendo medidas para solventarlas. Recomendaciones que fueron aceptadas e implementadas por la mercantil y de las cuales se dio cuenta al comité de ética que, finalmente, libró el preceptivo informe favorable de conformidad con lo que dispone el código”.

La labor de la dirección de análisis del área de Transparencia ha sido titánica. A raíz de sus investigaciones, trasladadas a la intervención general del Ayuntamiento, ésta acordó “la realización de una auditoría completa de los últimos años de todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona, sus Institutos y EPE,s [entidades públicas empresariales] a la entidad subvencionada”. Se espera que algunas de estas subvenciones tengan que ser devueltas al consistorio.

Un agente de la Guardia Civil vigilando la entrada de la sede de Bimsa / EFE

UNA LECCIÓN A COLAU Y LOS TRIBUNALES

Se da aquí una paradoja: el Ayuntamiento había sido denunciado por empresas y entidades cívicas por otorgar a dedo suculentas subvenciones anuales con carácter recurrente argumentando que eran de “carácter excepcional”, en las que se acreditaban “razones de interés público, social, económico o humanitario”. Los tribunales y la Fiscalía terminaron admitiendo que esas subvenciones recurrentes y periódicas a las mismas entidades y por los mismos conceptos eran extraordinarias. Pero los órganos internos municipales reconocen que eso no es así: “En relación a la utilización del procedimiento excepcional de concesión directa (…) consideramos que de acuerdo con la literalidad de la normativa de aplicación, ha de ser utilizada por una subvención concreta y única. En aras de la transparencia, y contra el carácter personalista y discrecional que implica el procedimiento de concesión directa, se recomienda optar por el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva”.

Las sospechas de trampa son tantas que en relación con los expedientes de subvención ya tramitados “a la vista de la documentación e información recibida por el órgano gestor de la subvención (…) y sin prejuzgar la existencia de una mala praxis o comportamiento contrario al ordenamiento jurídico o las reglas éticas, consideramos que existen indicios suficientes para recomendar la práctica de una auditoría para la revisión y análisis de los expedientes de subvención”. La finalidad era “acreditar el carácter singular de la subvención, las razones de interés público, social, económico o humanitario y la justificación de la dificultad de su convocatoria pública”. En otras palabras: los mecanismos antifraude del propio ayuntamiento no sólo le enmiendan la plana a la alcaldesa, sino a los propios tribunales, que archivaron las denuncias en ese sentido.