Rebajan la pena a acusados por la concesión de licencias en Ciutat Vella a cambio de sobornos
El Ayuntamiento asegura que hubiera preferido un proceso "mucho más ágil"
3 marzo, 2022 16:22Noticias relacionadas
La Audiencia de Barcelona ha comenzado el juicio, este jueves, por la concesión fraudulenta de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella, que se llevó a cabo entre los años 2005 y 2009.
Una veintena han sido acusadas por diversos delitos, entre los que se encuentran prevaricación, falsedad documental, sobornos y amenazas. Entre los implicados hay funcionarios municipales.
Sobre el total, 15 de ellos han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para rebajar su pena. Heliodoro Lozano, quien fuera jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella, ha aceptado una pena de prisión de dos años y seis meses, mientras que Joaquim Quílez, un ingeniero que ejercía como intermediario entre propietarios de pisos y funcionarios, ha dado el visto bueno a la pena de cuatro años y tres meses de cárcel.
LICENCIAS FRAUDULENTAS
El juicio iniciado este jueves responde a la concesión de licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella a cambio de sobornos económicos, una trama en la que estuvieron implicados funcionarios municipales y los propietarios de viviendas que obtuvieron licencias para sus propiedades sin cumplir los requisitos legales para ello.
Los hechos fueron a mayores cuando Itziar González, exconcejal del distrito, trató de regular los apartamentos turísticos. Tanto ella como Lourdes Conesa, arquitecta técnica de Ciutat Vella, recibieron amenazas por ello por iniciativa de Quílez, quien este jueves ha reconocido los hechos y ha logrado una reducción de la pena planteada inicialmente por la Fiscalía.
"LLEGA DEMASIADO TARDE"
La concejal de Comercio, Montserrat Ballarín, ha recordado que el Ayuntamiento se ha "personado como acusación particular" en este caso, y ha apuntado la necesidad de "reparar daños" después de que haya "personas inocentes que han sufrido un calvario durante 12 años". La edil también ha asegurado que el consistorio hubiera preferido un proceso judicial "mucho más ágil".
El concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, ha mostrado su "satisfacción" por la desarticulación de esta "trama corrupta", pero ha remarcado que esta situación ha llegado "demasiado tarde".