Novedades en el caso subvenciones que afecta a Ada Colau. A instancias de la entidad demandante --la Asociación para la transparencia y la calidad democrática--, el juez ha incluido una nueva citación, la de la interventora delegada del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Torres Morales. Así, se darán a conocer más detalles sobre cómo se concedieron las ayudas públicas desde el consistorio a entidades afines a los comunes.
El juez la cita para el próximo martes, 26 de abril, a las 10.15 horas, en la Ciudad de la Justicia. Por tanto, se mantiene la causa abierta contra la alcaldesa Ada Colau, a pesar de que la líder de los comunes esperaba un archivo inminente.
Los propios abogados de Colau, en todo caso, ya señalaron que podía suceder, justo después de que declarara la propia alcaldesa el pasado 2 de marzo. Aquel paso podía generar, como así ha sido, nuevas peticiones de comparecencia.
La entidad que acusa a Colau considera que la aportación de Carmen Torres puede ser decisiva. Se considera que puede ofrecer detalles sobre las recomendaciones que pudiera haber hecho en el transcurso del proceso que llevó a conceder esas subvenciones.
Preguntas de la acusación y de la defensa
De hecho, Torres Morales es el asidero de la entidad, porque la querella que presentó la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática se basa en cinco objeciones de la interventora a uno de los convenios suscritos, el que hace referencia al Observatorio Desc, en el que no hubo concurrencia pública.
El entorno más estrecho de Colau ha insistido en que la querella “no puede tener recorrido” porque la Fiscalía, en su momento, ya había archivado una causa similar. Pero se señalaba, pese al archivo, que el Observatorio Desc debía haber corregido los detalles que se pedían, una circunstancia que no se produjo.
Ada Colau en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
La cuestión es saber si el no cumplimiento de esas peticiones puede derivar o no en irregularidades que puedan ser punibles. La acusación preguntará a Carmen Torres en ese sentido, pero también lo podrá hacer la defensa de la interventora.
¿Ocurría con otros alcaldes?
Lejos de que amaine, como reclama la alcaldesa Colau, el proceso sigue su camino. La cuestión de fondo es conocer cómo el consistorio distribuye una enorme partida en subvenciones, que han ido a parar a entidades muy cercanas a los comunes. Colau argumenta que muchas ya recibían esas ayudas con anteriores alcaldes, como Xavier Trias, pero la cuestión es saber ahora con qué criterios y con qué garantías.
La providencia del juez Ignacio Sánchez García-Porrero, citando ahora a la interventora, mantiene toda la causa abierta. El entorno de Colau considera que, en todo caso, esas posibles objeciones de la interventora, respecto a las subvenciones a Desc, no pueden derivar en ninguna irregularidad de carácter penal.
La causa ha provocado dudas en el propio seno de los comunes, que debía respetar un código ético interno por el cual los dirigentes investigados deben dimitir de sus responsabilidades. Colau rechazó tal posibilidad, porque considera que se trata de una operación política contra ella.