La interventora delegada del área de Servicios Sociales, Carmen Torres Morales, avala la legalidad y el interés público de las subvenciones a entidades afines por las que se investiga a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Así lo ha expresado este martes ante el juez instructor, a raíz de la querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática.
Preguntada por el fiscal anticorrupción, la interventora ha asegurado que las subvenciones están dentro de la legalidad y ha subrayado que se habían otorgado ya durante el mandato del anterior alcalde, Xavier Trias. Asimismo, ha rechazado que Colau promoviese los expedientes de subvención y ha defendido que en el caso de haber detectado algún indicio de irregularidades lo habría puesto en conocimiento de la fiscalía.
HIZO RECOMENDACIONES SOBRE SU TRAMITACIÓN
De hecho, ha recordado que en 2019 elaboró un informe sobre estas ayudas en el que recomendaba que se incluyesen en los presupuestos, dado que eran recurrentes. También observó que, teniendo en cuenta que el 75% iba destinado al pago de personal, debía estudiarse la posibilidad de tramitarlo a través de una licitación con concurrencia pública.
El Ayuntamiento defiende que el equipo de gobierno introdujo la primera de las recomendaciones en el ejercicio de 2020, puesto que el presupuesto anterior era una prórroga de las cuentas de 2018. Sobre la segunda, la gerencia de Servicios Sociales descartó que las subvenciones respondieran a una relación contractual que sí exigiría licitación pública.
LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS
Por otro lado, la interventora ha añadido que las subvenciones investigadas no eran las únicas que se adjudicaban de forma directa, sino que también se concedieron otras por ese procedimiento a entidades como Cruz Roja o Cáritas. Entre las demás están las otorgadas al Observatorio DESC, donde Colau trabajó antes de ser alcaldesa, Enginyers Sense Fronteres, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Alianza contra la Pobreza Energética.