Los momentos más duros de la pandemia llevaron a Barcelona a una parálisis. Todos aquellos negocios que no fueron considerados de primera necesidad se vieron obligados a bajar la persiana, mientras que la movilidad quedó reducida a mínimos debido al confinamiento impuesto después de que el Gobierno decretara el estado de alarma.
Aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2020, la primera situación de excepción con motivo del coronavirus contó con seis prórrogas que la extendieron hasta la temporada estival. Con este régimen vigente, acciones como salir a la calle sin motivo justificado, saltarse el toque de queda o realizar encuentros con un determinado número de personas se convirtieron en cuestiones sancionables.
Pese a ello, el pasado año el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de este decreto, lo que se tradujo en la anulación de miles de sanciones impuestas por parte de las administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona.
MÁS DE 11 MILLONES
La Guardia Urbana inició 25.632 expedientes de denuncias por incumplimientos relativos al primer estado de alarma. Sobre el total, 25.368 sanciones quedaron sin efecto por la sentencia del TC, según datos facilitados por fuentes municipales.
El importe de las multas afectadas asciende hasta los 11.263.123,68 euros, una cuantía que perderá el consistorio barcelonés. Sobre el total de sanciones impuestas, el Ayuntamiento tiene que devolver el importe de las 5.605 que han sido pagadas, lo que supone un retorno de 1.845.307,79 euros.
Las 19.763 multas anuladas restantes, que no han sido pagadas, se traducen en 9.417.815,89 euros que la administración barcelonesa dejará de ingresar.
SEGUNDO ESTADO DE ALARMA
Entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, tuvo lugar un segundo estado de alarma con idéntico final que su predecesor. El TC volvió a pronunciarse en el mismo sentido, declarándolo nuevamente inconstitucional.
Durante su periodo de vigencia, las denuncias de la policía barcelonesa ascendieron hasta las 59.064, lo que supone más del doble de expedientes que en la primera excepcionalidad.
En este caso, aún no se conocen los retornos de sanciones que deberá realizar el Ayuntamiento. Fuentes municipales señalan que están a la espera de que los servicios jurídicos determinen el alcance concreto de la sentencia.