Tersa, la compañía pública cuya incineradora resulta altamente contaminante para los vecinos del Besòs, está más señalada que nunca. Presidida por el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, se enfrenta junto al mencionado concejal a una denuncia por delito ecológico.
La Fiscalía consideró que la planta de Tersa habría emitido gases contaminantes que supusieron "un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas", y que Badia y el jefe de explotación "habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable".
Esta circunstancia no ha modificado los planes municipales de suministro de energía, por lo que el Ayuntamiento desembolsará una cuantía millonaria a esta empresa para garantizar su suministro.
47 MILLONES
La partida pública que recibirá la compañía presidida por Badia ascenderá hasta los 47.158.173,00 euros, y cubrirá los gastos de suministro eléctrico del consistorio barcelonés y de las entidades municipales.
Sobre la cantidad total, 33.074.072,00 euros correrán a cargo del Ayuntamiento, mientras que los 14.084.101,00 euros restantes serán financiados por las entidades.
Mediante este desembolso, la administración municipal tendrá garantizado el suministro por parte de la compañía que gestiona la contaminante planta incineradora durante la totalidad de este año.
TERSA, LA PESADILLA DEL BESÒS
Tersa se ha consolidado como una pesadilla para los vecinos del Besòs. La Coordinadora Vecinal Metropolitana Airenet ha denunciado en reiteradas ocasiones el perjuicio que supone para la población debido a los elevados niveles de contaminación que provoca en la zona.
"Queremos el cierre de Tersa. Es una de las incineradoras más grandes del Estado español y nos parece inadmisible que esté en medio de una zona en la que hay 100.000 personas que diariamente respiran un aire intoxicado", aseguró recientemente Silvina Frucella, portavoz de Airenet.
Esta coordinadora vecinal ya denunció en 2018 el mal funcionamiento de la planta. La investigación concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat realizada el mismo año.
IMPAGO DE IMPUESTOS
El pasado año, Tersa fue multada con 506.845 euros por impago de impuestos. El grupo incinerador fue sancionado por realizar un mal cálculo y pago del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) de unos trabajos que acometió en el municipio de Gavà.