El gran negocio de poner y sacar semáforos de las calles ‘pacificadas’

Los nuevos semáforos de Barcelona tienen dueño. O padre. Son artilugios de poner y sacar que ahora, con el plan de las superillas, van a vivir una edad de oro, al menos para quien los instale y desinstale, porque aquí hay un negocio latente de cuidado. Este mes de mayo, el área de Movilidad e Infraestructuras, que maneja desde las alturas la teniente de alcalde Janet Sanz, ha concedido un suculento contrato de 1,2 millones de euros a una multinacional austriaca (especialista en instalar peajes para acceso a las ciudades) con el objetivo de borrar del mapa semáforos que quedarán inutilizados con la instalación de las superillas pllanificadas e instalar otros nuevos semáforos en cruces donde los comunes quieren entorpecer el tráfico.

Un informe interno del Ayuntamiento de Barcelona, con fecha de noviembre del año pasado, explicaba que “las transformaciones en la movilidad en la ciudad hacen que, por diferentes motivos, entre los que pueden estar la mejora de la seguridad viaria tanto de viandantes como de vehículos, o la mejora de la velocidad comercial del transporte público, sea necesaria la semaforización de algunos cruces que están regulados solo con señalización horizontal y vertical fija. Por otro lado, estas mismas transformaciones hacen que en otros casos en que las transformaciones se han ido hacia la pacificación de la movilidad, pueda ser conveniente la retirada de la instalación semafórica en algunos cruces, sustituyéndola por la señalización horizontal y vertical fija”. El condicional de las afirmaciones del informe es toda una declaración de intenciones sobre las verdaderas intenciones de los munícipes barceloneses, entestados en borrar la circulación de coches de la ciudad de Barcelona.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz / ARCHIVO

SOLUCIONES INNOVADORAS EN PEAJES

En base a esta disquisición ideológica, los responsables municipales consideran que “se justifica la contratación de la instalación de nuevos cruces semaforizados en vías de la red básica de movilidad y la desinstalación de la semaforización en cruces existentes en zonas pacificadas en la ciudad de Barcelona”. Con este argumento, el consistorio acomete la contratación de un plan que costará a los bolsillos de los contribuyentes 1,2 millones de euros y que servirá, a la postre, para materializar las restricciones de tráfico que desde el 2015 han pregonado los responsables municipales.

La tajada millonaria se la lleva una multinacional austriaca, Kaspch Trafficcom Transportation SAU. Se vende como “una de las empresas globales de tecnología más exitosas de Austria”. Se autocalifica como una empresa familiar fundada en 1892, son sede en Viena pero con sucursal en Barcelona. “Ofrece soluciones innovadoras en peaje y movilidad. En los ámbitos del cobro de peajes, la gestión del tráfico, la movilidad urbana inteligente, la seguridad vial y los vehículos conectados, creamos sistemas para la movilidad sostenible”, promete. Son estas dos últimas palabras las que conectan la idiosincrasia de la compañía con la esencia del partido de Colau. Porque, como reseña la propia compañía, “Kapsch TrafficCom persigue un objetivo claro con soluciones de peajes y movilidad teniendo una visión hacia el futuro en el sector del transporte: ayudar a las personas a llegar a sus destinos de forma cómoda, puntual, segura y eficiente”.

UNA OFERTA DESPROPORCIONADA

Un acta de la mesa de contratación a la que ha tenido acceso Metrópoli señala que en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas de la licitación se definen como ofertas anormales o desproporcionadas las que presenten “un diferencial del 10% sobre la media de las ofertas o, en el caso de una única empresa licitadora, el 20% respecto al presupuesto de la licitación. La oferta presentada por la empresa Kapsch TraficCom Transportation, con un 47,30% de baja sobre los precios unitarios, tiene la consideración de oferta, en principio, con un valor anormal o desproporcionado”. A la licitación se presentaron cuatro ofertas diferentes.

La austriaca, no obstante, justificó su oferta alegando “descuentos muy importantes en los costes de obra civil y de suministro de equipamiento y gastos de instalación, pero manteniendo los costes de personal calculados en el proyecto”. En un acta extraordinaria de la mesa de contratación se explica que “el técnico responsable del contrato ha emitido informe en el que propone aceptar la oferta presentada por Kapsch pero reconoce que “la justificación deja fuera de debate los costes de personal, ya que se mantienen estrictamente en la estimación calculada tomando como referencia el convenio colectivo de trabajo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona. Así, Kapsch justifica la baja asumiendo con medios propios de personal una parte de las tareas de obra civil estimadas, declarando y justificando la subcontratación del resto de la obra civil a un pecio más competitivo que el previsto en los precios unitarios del contrato y declarando y justificando obtener de los diferentes proveedores unos precios de suministro de equipamiento muy competitivos. También reduciendo su margen de beneficio del 6 al 3%”.

La calle de Girona, pacificada / METRÓPOLI ABIERTA - JORDI SUBIRANA

CONTRATOS RECIENTES

Esta permisividad es más fácil de comprender si se tienen en cuenta algunos antecedentes: por ejemplo, que Kapsch ya tuvo un contrato de 340.157 euros el pasado 25 de enero de la empresa pública Sermetra, para el mantenimiento preventivo y correctivo de segundo nivel del sistema T-Movilidad para el año 2022. Sermetra es una empresa de la ATM y de Busmet Serveis para operar de manera conjunta con diferentes operadores de transporte público. Es, es definitiva, la prestadora de los servicios de mantenimiento y los sistemas de venta y validación de los títulos integrados de los transportes públicos.

Pero no se queda ahí la cosa: el macrocontrato de regulación de tráfico licitado el pasado otoño por el Ayuntamiento de Barcelona tuvo dos adjudicatarias: una unión temporal de empresas formada por Bonal Electronic Trafic Manteniment Semafors 2021 para la mitad de la zona del Llobregat de la ciudad (costará a las arcas públicas casi 6,5 millones de euros los próximos dos años); y otro contrato de 5.465.599 euros para “el mantenimiento y reparación de las instalaciones y los sistemas del tráfico en la zona del Besòs”. La compañía beneficiaria es, pues, una conocida beneficiaria de los contratos de regulación (y restricción) del tráfico en la ciudad de Barcelona. Y ahora contribuye otra vez a la causa.