Colau refuerza su plan insignia para la economía solidaria con 200.000 euros
El Ayuntamiento amplía la partida destinada a esta estrategia para reforzar los proyectos que se lleven a cabo hasta 2023
27 septiembre, 2022 00:00Noticias relacionadas
El gobierno municipal de Ada Colau insiste en su empuje a la economía social y solidaria en Barcelona. El Ayuntamiento cuenta con un plan vigente para su impulso hasta 2030, que se traduce en una cuantiosa inversión económica a repartir entre diversos colectivos dedicados a estas iniciativas.
Bautizada como Estrategia de Economía Social y Solidaria en Barcelona 2030, esta planificación se convirtió en un acuerdo de ciudad que se presentó en julio de 2021 con diversos proyectos, como el refuerzo de Can Batlló para convertirlo en el corazón de la economía solidaria en Barcelona.
El consistorio barcelonés ha dado luz verde a una ampliación de la partida para los trabajos que se llevarán a cabo durante los próximos meses, lo que ha conllevado el ascenso de esta designación presupuestaria hasta una cifra millonaria.
REFUERZO DE PROYECTOS
El Ayuntamiento ha dado luz verde a un gasto de 199.715,76 euros para ampliar el presupuesto de subvenciones para iniciativas de economía solidaria en la capital catalana, que con este incremento alcanza la cifra de 1.099.715,76 euros.
Concretamente, esta partida promoverá y reforzará los proyectos que se lleven a cabo hasta 2023, lo que tan solo supone una parte de las aportaciones realizadas por el ejecutivo local hacia estas organizaciones.
SUBVENCIONES
Entre las subvenciones repartidas a grupos de economía social durante los últimos meses, destacan algunas como los 60.000 euros que recayeron sobre la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña para promocionar la vivienda cooperativa en cesión de uso. Este colectivo fue demandado por sus praxis, como informó este medio. La demanda fue desestimada, aunque cabe recurso de apelación.
La Associació Coòpolis recibió el pasado mes de junio otros 65.437,08 euros, una cantidad que la entidad dedicó al proyecto del Centre de Promoció del Cooperativisme a Barcelona en el ya mencionado recinto de Can Batlló.
Otra de las cuantías fue otorgada a Associació Xarxa d'Economia Solidària (XES) a finales del año pasado. El consistorio barcelonés financió más del 35% del Projecte de Reforç i Resiliència de l'Economia Solidària a Barcelona 2021, lo que supuso un desembolso de 87.500 euros.
PROPIEDADES MUNICIPALES
En 2020 se llevó a cabo la formalización del convenio ESAL, firmado por el Ayuntamiento, entidades que agrupan a promotores sociales y cooperativos de la capital catalana y la Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge. La finalidad de este acuerdo fue la promoción de 1.000 viviendas en 10 años, de tal forma que el consistorio se comprometió a aportar solares y edificios públicos en los que se pudiera llevar a cabo una rehabilitación o edificación, mientras que la gestión recaía sobre las entidades.
Según datos municipales aportados en marzo de este año, cuando el Ayuntamiento hizo el último balance del estado de dicho acuerdo, ya se ha llevado a cabo la adjudicación de 16 promociones derivadas de esta planificación, lo que se traduce en 621 viviendas en toda la ciudad. Varias de ellas han sido facilitadas al mismo grupo reducido de cooperativas, como informó Metrópoli.
Fuentes especializadas en economía social y solidaria señalaron a Metrópoli que, tras la formalización del convenio, se ha llevado a cabo una "reducción de requisitos" para optar a una de estas adjudicaciones, lo que explicaría que cooperativas con menor experiencia pero mayor afinidad al gobierno municipal obtengan una elevada cifra de concesiones con más facilidad.
LLUVIA DE MILLONES
El Ayuntamiento anunció el pasado mes de julio un acuerdo mediante el cual el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) prestarán 140 millones de euros para financiar la vivienda pública y cooperativa.
Según informó el propio consistorio, el crédito se destinará a la construcción y rehabilitación de "mil pisos de alquiler social y covivienda en suelo municipal", unos trabajos que deberán llevarse a cabo en un "máximo de 10 años", refrendando así el acuerdo alcanzado en 2020.
Las iniciativas que accedan al crédito deberán ser "sostenibles medioambientalmente, utilizar materiales de construcción poco contaminantes, tener la máxima calificación energética, y unos precios de alquiler por debajo de mercado".