ERC acusa al PSC de "desmantelar" el área de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Según la regidora Elisenda Alamany hay 2.400 expedientes acumulados. Desde el gobierno municipal de Ada Colau y Jaume Collboni niegan la mayor: no hay tantos expedientes sin resolver. Dicen que desde 2016 han entrado 2.276 comunicaciones al buzón ético y que hay pendientes entre 200 y 300, un 10% de la recibidas.
Alamany señala directamente a los socialistas, y más concretamente a la tenencia de alcaldía de la Agenda 2030, Transición Digital, Deportes y Coordinación Territorial y Metropolitana que lidera Laia Bonet. "El PSC ha acabado con la bandera de la transparencia que levantaron los comunes. Han desmantelado un área sin liderazgo ni recursos para fiscalizar el buen gobierno de la institución. Con 2.400 expedientes acumulados, es difícil saber si este Ayuntamiento tiene garantías para detectar casos de irregularidades o malas prácticas".
Según los datos a los que ha tenido acceso Metrópoli de la pasada primavera, facilitados en comisión municipal, los expedientes acumulados eran los siguientes: 2.402 totales divididos por 2.006 comunicaciones del buzón ético, 306 actuaciones investigadoras y 36 expedientes del Comité de Ética.
LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA FUE CREADA A FINALES DE 2015
En diciembre de 2015, el nuevo gobierno de Colau aprobó en comisión de gobierno la puesta en marcha de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas. La responsabilidad del funcionamiento recayó en la Dirección para la Transparencia y las Buenas Prácticas, que tenía como misión garantizar la transparencia y el buen gobierno, o lo que es lo mismo evitar posibles casos de corrupción o malas praxis en el ámbito municipal, recuerdan fuentes republicanas.
Elisenda Alamany, en una imagen de archivo / EFE
Durante un año, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, la oficina la dirigió la funcionaria y licenciada en Derecho Sílvia Vèrnia, que con anterioridad había encabezado la Dirección de Análisis de la misma oficina municipal. Sin embargo, en 2018, Vèrnia fichó por Antifraude de la comunidad valenciana y ahora es la jefa del Servicio de Infraestructuras y Calidad de la consejería de Igualdad y de Políticas Inclusivas del gobierno valenciano, figura en su página de Linkedin.
PASOS PARA ATRÁS DESDE 2019
Desde su marcha, la Oficina para para la Transparencia y las Buenas Prácticas no ha vuelto a tener director o directora. "El puesto está vacante desde entonces", indican desde el partido republicano. Tras las elecciones de mayo de 2019, de las que salió una coalición de gobierno entre Barcelona en Comú y PSC pese a que ERC había ganado las elecciones, la política de transparencia municipal "ha dado pasos para atrás", subraya Alamany.
En 2019, Colau se sacó de encima el área de transparencia y este mandato cuelga de la tenencia de alcaldía que dirige Bonet. Según Alamany, a finales de 2020, se suprimió la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas y pasó sus funciones a la Dirección de Análisis, que gestiona el buzón ético (a través del que se reciben las denuncias de forma anónima) y hace recomendaciones de buen gobierno, y el Departamento de Transparencia, que gestiona la web y responde a las peticiones de acceso a la información pública.
RECONOCIMIENTO
Según el gobierno de Colau y Collboni, las funciones de la Oficina de Transparencia están desarrolladas por la Dirección de Análisis y el Departamento de Transparencia, como ya había dicho ERC, y añade que "sus políticas, servicios e instrumentos (buzón ético, portal de transparencia y derecho de acceso a información) se mantienen. La política de transparencia del Ayuntamiento es reconocida anualmente con el sello Infoparticipa de transparencia informativa de las webs institucionales".
Laia Bonet, regidora del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona / METRÓPOLI
SIN RECURSOS Y CON UNA PLANTILLA RAQUÍTICA
"Ahora son unidades sueltas sin un liderazgo conjunto", valora la edil republicana. Y lo que es peor: "No se les otorgan los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de prevención y supervisión con eficiencia y eficacia", y "mantienen una raquítica plantilla de cuatro personas". Para Alamany, "en plena pandemia, el gobierno municipal, a través de la tenencia de Bonet, eliminó uno de los organismos principales de control y fiscalización".
Desde el grupo municipal del PSC en el consistorio barcelonés apuntan que lo que se ha hecho ha sido reordenar el área para que cada órgano tenga una función clara y específica. "El Ayuntamiento cumple con los más altos estándares de transparencia, como cada año reconoce el sello Infoparticipa de la UAB. Y el buzón ético es un modelo que otras instituciones catalanas han adoptado a partir de la experiencia barcelonesa".
EL COMITÉ DE ÉTICA, SIN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
Otro de los instrumentos con los que cuenta el Ayuntamiento para velar por la transparencia es el Comité de Ética, un órgano externo y colegiado que vela por el buen gobierno municipal y para evitar las malas prácticas en el consistorio. El pasado abril, uno de sus miembros, el catedrático de Ética Norbert Bilbeny, dijo que el Comité carecía de dotación presupuestaria y de apoyo organizativo, lo que ponía en serio riesgo el trabajo que hace. "Tenemos dificultades para hacer como es debido la labor que tenemos asignada. Nos preocupa, y no solo por la eficacia de nuestro trabajo y el prestigio del Comité, sino sobre todo por lo que pueda afectar al crédito del propio Ayuntamiento".
En su intervención en comisión municipal, Bilbeny criticó la falta de personal jurídico, técnico y administrativo, y pidió que se dedicará con urgencia una partida presupuestaria al Comité de Ética y a la Dirección de Análisis y que se cubrieran las tres plazas aprobadas en el pleno del 30 de octubre de 2020, dos de técnicos superiores y otra de personal administrativo. Adicionalmente, reclamó otras dos plazas más de técnicos superiores especializados en Economía y otra más para apoyo administrativo.
El filósofo Norbert Bilbeny, durante la entrevista con 'Metrópoli' / MA
Bonet explicó en la misma comisión que, a diferencia del pasado mandato, en el que contaba con cuatro personas, el área de transparencia disponía de nueve plazas. "Dos se han cubierto y otras tres están pendientes de cubrir". Estas tres saldrán de los procesos selectivos que el Ayuntamiento de Barcelona tiene abiertos. Y añadió que "los recursos de los que dispone [el Comité de Ética] son los recursos que históricamente han acompañado a esta unidad, a la que no se dotó inicialmente con un presupuesto propio".
Ahora, desde el área de Bonet, precisan que de las tres plazas una ya se ha cubierto y las otras dos están en proceso a través de un concurso interno entre funcionarios de carrera. La plaza que se ha cubierto este pasado julio es de apoyo administrativo y está previsto que como muy tarde a principios de 2023 se ocupe una plaza de letrado. La tercera plaza está en proceso, pero sin fecha prevista.
EL CONSEJO ASESOR DE LA TRANSPARENCIA QUE "SE DEJÓ MORIR"
El Ayuntamiento también llegó a tener un Consejo Asesor para la Transparencia, pero según ERC ahora ya no funciona. En 2019, el exdiputado de la CUP David Fernàndez lo abandonó por "motivos políticos". Otras personas que formaron parte de él también lo dejaron por incompatibilidad con otros cargos, agenda u otras razones. Entre ellos, estuvieron y se fueron el filósofo Josep Ramoneda, la exregidora de Ciutat Vella Itziar González, la activista Simona Levi y la ahora teniente de alcaldía Laia Bonet.
"Cuando se fue Fernàndez dejó de estar activo. Nosotros pedimos que se restituya. Nos dijeron que no tenía funciones. De facto, en 2019 desaparece. Se dejó morir. Creemos que se le tienen que dar funciones y que esté integrado por personas independientes que puedan hacer un seguimiento y propuestas de mejora", apuntan fuentes de ERC.
Fuentes municipales reconocen que el Consejo Asesor de la Transparencia no se reúne desde 2019 y ahora quedan pocos miembros de los que fueron nombrados. El resto se ha ido por causas diversas. Según el gobierno de la ciudad, actualmente las funciones permanentes de este órgano las ha asumido el Comité de Ética.
Itziar González en el centro junto con Ada Colau en el acto de reconocimiento en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS
EL CASO DE CORRUPCIÓN MÁS GRAVE
El caso más grave de corrupción del que se tenga constancia en el Ayuntamiento de Barcelona ha sido la concesión de licencias fraudulentas de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella entre 2005 y 2009. El pasado 9 de septiembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) dictó penas de cárcel, multas e inhabilitación para 17 encausados por los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental.
Itziar González fue regidora de Ciutat Vella entre 2007 y 2009 y alertó de lo que allí sucedía junto con la arquitecta Lourdes Conesa. Colau explicó el 30 de septiembre que firmó un decreto en el que instaba a la gerencia del distrito de Ciutat Vella a iniciar un expediente de oficio para un "posible resarcimiento patrimonial" a González y a Conesa. Ese mismo día, el pleno reconoció la denuncia anticorrupción de Fernàndez y Conesa.