¿Una historia de amiguismo? Con los datos conocidos hoy sobre la escandalosa financiación de la cooperativa Fil a l’Agulla podría leerse justo así, como una relación clientelar entre la alcaldesa de Barcelona y sus tentáculos políticos. Por partes: ¿quiénes son los protagonistas de esta triangulación en la que se mueve dinero público municipal? Además de Ada Colau, candidata a revalidar la alcaldía por Barcelona en Comú, también figuran Marc Serra, concejal de Sants-Montjuic y de Derechos de Ciudadanía, Participación y Justicia Global del consistorio barcelonés. Serra es también candidato a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en la posición número ocho de la lista que presenta su formación política. La tercera participante es Lidia Casanovas Abancó, pareja de Serra y socia y empleada de la entidad cooperativa receptora de los fondos.
Marc Serra forma parte del actual núcleo duro de Colau. En 2019 adquirió el acta de concejal, pero su vinculación con la alcaldesa y su partido comienza antes. Fue asesor del entonces teniente de alcalde Jaume Asens de 2016 a 2019. Por su vinculación con el partido de Colau, pero también con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC o Tanquem els CIE’s, Serra fue designado a dedo por Colau como asesor de la concejalía de Participación en febrero de 2018. Abogado y sociólogo de formación, antes ejercía como técnico de proyectos y jurista de DESC además de participar en proyectos documentales de la productora Metromuster, que acabó disuelta entre acusaciones de malos tratos y violencia entre los socios.
Serra no solo acompaña a Colau en la lista de BComú para el 28 de mayo, sino que es uno de los juristas que participan en el diseño de la defensa de los procedimientos judiciales que la alcaldesa tiene abiertos. Su pareja, Lídia Casanovas, trabaja como educadora en la misma cooperativa de la que es socia. Su perfil político es inequívoco y un rápido repaso a sus redes sociales deja constancia de la militancia activa que ejerce.
FINANCIACIÓN SORPRENDENTE
La cooperativa de la pareja de Serra se ha beneficiado de la llegada de Colau a la alcaldía desde el principio. Entre 2015 y 2022 ha obtenido financiación del Ayuntamiento de Barcelona por importe de 412.267 euros, lo que promedia unos 51.000 euros al año. Son datos del portal de transparencia del ayuntamiento y que, salvo por lo alambicado de ese sistema de información para los neófitos, están disponibles online para su consulta.
La forma de obtener los recursos durante ese tiempo ha sido dual. La primera vía son los llamados contratos públicos. En ese periodo, Fil a l’Agulla, SCCL ha suscrito 54 contratos con la administración de Colau por un importe total de 180.628,69 euros. Son en su mayoría contratos menores. Los mismos que concedía la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por amañar con esa tipología contractual los fondos que destinaba a un amigo para realizar determinadas tareas. La modalidad utilizada, que rondó el 15% de las contrataciones municipales el último año, se utiliza para la adquisición de servicios y suministros cuyo pago no supere los 15.000 euros. Los expertos en administración pública consultados consideran que son siempre la vía de acceso a determinados favoritismos por cuanto no requieren un procedimiento de licitación con competencia y publicidad.
MÁS SUBVENCIONES QUE CONTRATOS
Los contratos, no obstante, no son la principal fuente de obtención de recursos de Fil a l’Agulla, SCCL. En el periodo analizado, la entidad ha recibido un total de 21 subvenciones municipales por importe global de 231.638,35 euros. Más fondos, por tanto, que los obtenidos mediante contratos para la prestación de servicios.
Resumen de los fondos públicos que ha percibido la cooperativa 'Fil a l'agulla' entre 2015 y 2022 / METRÓPOLI
¿Y qué hace la cooperativa Fil a l’Agulla que la hace tan interesante para que el consistorio barcelonés le dedique casi medio millón de euros durante el mandato de Colau? “En Fil a l’Agulla –explican en su página web– trabajamos por una sociedad más igualitaria donde las personas se puedan desarrollar de forma integral y puedan establecer relaciones personales y grupales de forma más libre y consciente, integrando el conflicto como fuente de aprendizaje”. Un repaso sobre las actividades que desarrollan deja entrever que su especialidad principal es la formación y el acompañamiento de equipos en organizaciones con especial incidencia en las perspectivas de género, la igualdad, el trato a la diversidad y otra serie de valores que mejoren la democracia interna.
SOSPECHA LEGAL Y FIASCO POLÍTICO
Ese trasvase de fondos públicos, por otra parte, posee dos dimensiones diferentes: la puramente política (incumple aparentemente el Código Ético de Barcelona en Comú) por la sospecha de amiguismo que encierra, pero además podría incurrir presuntamente en tipologías delictivas como la prevaricación, la malversación y el tráfico de influencias al haberse incumplido los procedimientos normativos. De hecho, juristas consultados subrayan que estos contratos y subvenciones contravienen también el artículo 8 apartado b del Código Ético del Ayuntamiento de Barcelona en lo referido al conflicto de intereses. En concreto considera afectos a esas prácticas “los intereses familiares, incluidos los del cónyuge o la persona con la que conviva en análoga relación de afectividad, y los de los familiares de cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad”.
La condición de Marc Serra de participar directa e indirectamente en la concesión de subvenciones o en la adjudicación de contratos a la cooperativa de la que su pareja es socia (en su época de asesor y más tarde ya como concejal) “afecta a su imparcialidad en el ejercicio de la función pública, además de representar un perjuicio para la administración pública”, explica un administrativista consultado. Se producen, de facto, varios incumplimientos flagrantes de los códigos éticos por parte de Marc Serra como cargo público y de su pareja como militante de Barcelona en Comú.
De hecho, Serra como administrador y vocal de la empresa Foment de la Ciutat, SA era responsable entre 2019 y 2020 de la adjudicación a Fil a l’Agulla, SCCL de dos contratos públicos de esta sociedad pública por importe de 13.500 y 2.400 euros, respectivamente.
FIEL AL ESTILO: NEGAR CON AMENAZAS
Al ser preguntado el consistorio por las circunstancias y hechos señalados con anterioridad, la respuesta es la usual durante la época de Colau como alcaldesa: mínima información y máxima amenaza legal para intentar amedrentar a Metrópoli Abierta. A la pregunta de si Serra había intervenido directa o indirectamente en la adjudicación de subvenciones públicas o contratos municipales para Fil a l’Agulla, SCCL, la responsable de prensa de su departamento es categórica: “No ha intervenido, ni directa ni indirectamente”.
Responde de manera similar su auxiliar con los medios de comunicación respecto a la adjudicación de contratos por parte de la empresa pública Foment de la Ciutat, SA, de la que el concejal es administrador y vocal: “El proceso de adjudicación de contratos no entra dentro de las facultades del consejo de administración. Es una competencia que ejerce la gerencia”. La patada para debajo de su respuesta sorprende al tratarse de un partido político que tiene a gala la asunción de sus responsabilidades éticas y políticas ante los electores. Sucede lo mismo cuando se le pregunta si Serra ha incumplido el código ético del Ayuntamiento de Barcelona o de los propios Barcelona en Comú: su contestación es un lacónico “no, en ningún caso” y asunto resuelto.
En lo que sí se extiende la portavoz en el correo electrónico con el que contestó a las preguntas formuladas por Metrópoli es en el intento de acallar a los informadores, tal y como ha realizado, sin éxito, el equipo de Colau durante todo el mandato: la amenaza a quien ose esgrimir informaciones u opiniones contrarias a su visión de Barcelona o que pongan en contradicción su mensaje político. “El Ayuntamiento de Barcelona se reserva el derecho a emprender las acciones legales oportunas tanto para ejercer el derecho de rectificación, de un lado, como para preservar el honor ante informaciones falsas difundidas con ánimo de lesionar el buen nombre de la institución o de las personas que forman parte”, concluye en un texto enviado todo en mayúsculas.
El candidato número 8 de Colau y todavía concejal de Participación y del distrito de Sants-Montjuïc percibe del consistorio barcelonés un salario bruto anual de 84.532 euros. De acuerdo con el código ético de su partido la percepción real de ingresos es de 2.291,03 euros por 14 pagas mensuales más otros 600 euros complementarios mensuales por la responsabilidad en el gobierno local. Antes de ser concejal, como asesor de Jaume Asens, percibía 51.298,94 euros anuales.
La pareja Casanovas-Serra en una imagen conjunta difundida a través de sus redes sociales
Serra tiene un caso abierto en la justicia por una querella que presentó el fondo finlandés Vauras contra él y la concejala Lucía Martín, ambos imputados por supuestos delitos de coacciones y prevaricación contra la actividad inmobiliaria del fondo.
Pero también la concejalía que ocupa Serra ha estado cuestionada antes de su llegada por otorgar contratos desde el ayuntamiento cuando el ocupante del cargo era Fernando Pindado, excomisionado de Participación, que adjudicó numerosos contratos públicos a la empresa de su esposa E1DOS Dinamització Social.