El gobierno municipal de Barcelona suma ocho años de supuesta cruzada contra los cruceros. Desde la llegada de los comunes a la alcaldía, la crítica hacia al sector ha sido constante. Entre los discursos más duros hacia esta actividad y los turistas que optan por ella, destaca el de la exregidora de Ciutat Vella Gala Pin, quien no dudó en comparar a los cruceristas con una "plaga de langostas".
Ediles de la formación de Ada Colau en el presente mandato, como Eloi Badia y Janet Sanz, también han alimentado la criminalización a los cruceros. Tras presentar un informe sobre las externalidades del tráfico de embarcaciones en el puerto barcelonés, los concejales abogaron por "avanzar en la limitación del turismo de cruceros" al tachar "el actual ritmo de crecimiento de actividad turística" de "insostenible". En 2018, la propia alcaldesa alcanzó un acuerdo con el puerto para concentrar la actividad crucerística en el muelle adosado, alejando las embarcaciones de la ciudad. Pese a que se limitaron a siete las terminales para cruceros y se estableció un plan para electrificar la infraestructura, la cifra de cruceros en Barcelona no ha hecho más que aumentar anualmente.
En 2015, con la llegada de los comunes a la alcaldía, el Port acumuló 749 escalas de cruceros. Durante los años posteriores, la cifra se incrementó hasta alcanzar las 800 en 2019, año en que finalizó el primer mandato de Colau. Pese a la caída de embarcaciones en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, en 2022 se llegó a 805 escalas y la previsión al finalizar este año se mantiene en la misma línea. Así, algunas entidades ecologistas lamentan que los comunes critiquen la industria de los cruceros en público, mientras han hecho poco o nada por limitar su actividad desde el consistorio.
PROGRAMA B-BLUE
Uno de los organismos públicos que ha respaldado a los cruceros ha sido Barcelona Activa, quien busca fomentar la "economía azul". Bajo este marco la agencia municipal ha impulsado el programa B-Blue, una iniciativa para el apoyo de ideas y proyectos enmarcados en este sector para transformarlos en empresas reales y contribuir en su crecimiento.
Para el desarrollo de esta iniciativa, Barcelona Activa ha establecido un convenio de colaboración con el Grupo Costa, conformado por las marcas Costa Cruceros y AIDA Cruises, una compañía sobre la que aseguran que cuenta con un fuerte compromiso y enfoque en ser pioneros en la innovación sostenible para todo el sector. No obstante, el Grupo Costa es uno de los gigantes del sector y foco de las críticas de los ecologistas.
La relación entre la agencia municipal y la compañía especializada en cruceros resulta anterior a este pacto. En noviembre de 2021, las partes ya firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación en el impulso de la economía azul, por lo que el presente convenio es una extensión del acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa italiana. Dicho acuerdo se rubricó durante el Gobierno de Ada Colau, a quien la oposición afea que critique a la industria crucerista mientras firma convenios con las empresas del sector.
COMPROMISOS
Mediante la formalización de este convenio, Barcelona Activa se compromete a dirigir y financiar el programa B-Blue, garantizar a Costa la participación en las actividades y el jurado del programa, así como incluir la colaboración con la compañía en los comunicados de prensa que se elaboren.
Por su parte, Costa se encargará de la dotación del premio a la startup más sostenible en economía azul, que supone una partida económica de 10.000 euros. La compañía también promocionará el programa mediante los medios que la empresa considere, la participación de representantes de la sociedad en el jurado y la entrega de premios del programa y la potencial participación en la mentoría y formación del programa B-Blue.
La compañía de cruceros se encargará de la organización de una actividad de networking para las empresas participantes y la invitación de las startups en eventos organizados por Costa. También se evaluará la posibilidad de realizar algún plan piloto con Costa.
PRÓRROGA
El convenio tiene validez desde el pasado 12 de mayo hasta el final de 2023. Sin embargo, el acuerdo entre el consistorio barcelonés y la compañía de cruceros podría prorrogarse hasta dos años en caso de que las partes así lo decidan.