El gobierno municipal de Barcelona ha mantenido, hasta los últimos días de mandato, el otorgamiento de subvenciones a entidades afines. Liderado por quien todavía ejerce como alcaldesa en funciones, Ada Colau, el ejecutivo local no ha dudado en alimentar a estos colectivos hasta el límite permitido ante una eventual pérdida de la administración barcelonesa tras los comicios.
Entre las subvenciones repartidas en los últimos meses desde el consistorio barcelonés, se encuentran los 7,5 millones de euros destinados al área de Justicia Global que, en la convocatoria anterior, recayeron principalmente sobre asociaciones predilectas de los comunes.
En una de sus últimas partidas facilitadas, el gobierno de Colau optó por conceder una polémica partida. La propia candidata de los comunes y una de sus ediles en funciones forman parte de la entidad beneficiaria, a la que se formalizó la aportación económica a escasos tres días de celebrarse los comicios del pasado domingo.
CONVENIO
El gobierno municipal dio luz verde a la formalización de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para la ejecución del proyecto Plan de Acción CIDEU 2023. Esta iniciativa, según se desprende del acuerdo, tiene la finalidad de fortalecer las capacidades de las ciudades para implementar estrategias y proyectos que le permita afrontar los desafíos de la nueva realidad urbana.
La dotación municipal dedicada a esta organización se aprobó a tan solo tres días de celebrarse las elecciones municipales, y su importe ascendió hasta los 119.000 euros. Esta cuantía representa el 48,18% del coste total de la iniciativa, que alcanza los 247.000 euros.
A diferencia de otras partidas a afines, en este caso la alcaldesa y una de sus concejales en funciones forman parte del colectivo subvencionado. Tanto Colau como Laura Pérez forman parte del Consejo Rector de la organización. La alcaldable de los comunes ejerce como vocal, mientras que Pérez es la secretaria general del colectivo.
SEGUNDA SUBVENCIÓN
Esta subvención es la segunda partida económica municipal a esta organización en lo que va de año. El pasado mes de enero, el gobierno municipal dio su beneplácito a una cuantía de 80.950 euros por el mismo proyecto pero, en aquel caso, correspondiente a 2022. Ante la finalización del mandato, en esta última ocasión la administración de Colau no ha dudado en adelantar su aportación al pasado mes de mayo.
Respecto a CIDEU, la organización cuenta con posicionamientos afines a los comunes, especialmente en materia de urbanismo. Entre las defensas de la planificación aplicada en la capital catalana, la organización hace especial hincapié en el modelo Superilla Barcelona. La entidad se refiere a estas pacificaciones como un "proyecto de ciudad destinado a la mejora de la vida de las personas a partir de la definición de una nueva unidad que hace posibles nuevas funcionalidades en el espacio público, así como nuevos espacios de convivencia en un nuevo modelo organizativo del tejido urbano pensado para la gente".
El colectivo, que no esconde su colaboración con el Ayuntamiento, señala que se trata de una "oportunidad para favorecer la movilidad sostenible, la productividad, los espacios de estancia para el peatón o la eficiencia energética".
CONTRATOS
El gobierno barcelonés también firmó numerosas adjudicaciones a compañías predilectas para asegurarles las contrataciones, independientemente de cuál fuera la siguiente formación que liderara la ciudad. Empresas como Progess, Trànsit Projectes, Calaix de Cultura y Esport 3 se han beneficiado de nuevos acuerdos y prórrogas de otros ya existentes al borde de su extinción.