La concejal de Barcelona Ada Colau se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados. Esta vez, por una causa penal abierta por romper las relaciones entre la capital catalana e Israel, así como el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv, algo que hizo cuando todavía ostentaba el cargo de alcaldesa. La jueza del juzgado de instrucción 5 ha admitido a trámite la querella interpuesta por el abogado Francesc Jufresa, que la acusó de prevaricación por esta acción.
La denuncia no solo da de lleno a Colau, sino también al entonces responsable de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento, Laura Pérez. La magistrada también ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio, quienes pidieron la paralización cautelar de la decisión, según ha avanzado Eldiario.es.
SUSPENSIÓN TEMPORAL
El pasado 8 de febrero, la exprimera edil rompió relaciones con lo que en su momento era una "suspensión temporal" a petición de varias organizaciones sociales, que depositaron 3.750 firmas solicitando la medida. Lo hizo a golpe de decreto, por lo que, aunque la inmensa mayoría de los partidos en la oposición clamaron contra este movimiento, la entonces alcaldesa pudo tirarlo adelante.
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau / EFE
Con el cambio alcalde, el alcalde de Tel-Aviv, Ron Huldai, pidió a través de una carta el restablecimiento de relaciones entre ambas ciudades. en todo momento, los comunes argumentaron que las relaciones debían suspenderse debido a que Israel está "violando los derechos humanos de la población palestina", y que existe un "crimen de apartheid contra el pueblo palestino".
PREVARICACIÓN
En su querella, Jufresa argumenta que Colau no tenía competencias para tirar adelante esa medida, por lo que habría, a su parecer, incurrido en prevaricación. Sucede que Colau solo suspendió oficialmente el hermanamiento con Tel Aviv, pero acompañó la medida con una carta dirigida al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, en la que le anunciaba que se suspendían las relaciones temporalmente con el país oriental “hasta que las autoridades pongan fin a la sistemática violación de derechos humanos hacia la población palestina”.
En este sentido, los denunciantes ven en esta carta un "acto administrativo", mientras que los comunes lo niegan. Desde el primer momento, organizaciones pro-israelíes acusaron al Ayuntamiento de estar llevando a cabo práctica antisemitas.