La apuesta de Collboni para ‘salvar’ a los barceloneses con una mayor presión fiscal al turismo

La premisa es contundente, aunque muestra una voluntad de distanciarse de la filosofía de los comunes. “No estamos en contra del turismo, es bienvenido, pero comporta lo que se llama como efectos colaterales, o dicho de forma más clara: crea molestias en los vecinos y vecinas de Barcelona”. La frase es del cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía, Jordi Valls, después de justificar la subida que se incluye en la propuesta de presupuestos para 2024, con el tipo máximo que permite la ley para incrementar la tasa turística en las viviendas de uso turístico –cuatro euros por noche— y a los cruceristas con una estancia menor a las doce horas: también de cuatro euros.

Esas medidas, junto con la eliminación de la bonificación del 75% de la tasa de terrazas, figuran en la propuesta inicial de Ordenanzas Fiscales para 2024 que presentó este martes el equipo de gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni. Sin embargo, se renuncia al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles, a diferencia de lo que reclaman los comunes de Ada Colau. Y esa es la posición de partida del PSC para negociar los presupuestos del próximo año. Tanto las ordenanzas como las cuentas de 2024 se presentarán en la Comisión de Economía el 18 de octubre. Por ahora, todo está abierto, desde la premisa, según el concejal Jordi Valls, de que no habrá “prórroga” de los presupuestos de 2023.

El PSC entiende que el turismo debe colaborar en la suerte de la ciudad, y que sus ingresos deben servir para sufragar parte de los servicios que se prestan a los propios turistas y al conjunto de la ciudadanía de Barcelona. La cifra que se prevé recaudar por el recargo de la tasa turística –un impuesto que es competencia de la Generalitat-- asciende a 96 millones de euros. Se trata, como destacó Jordi Valls, de la tercera figura impositiva que ofrece más recursos, sólo por detrás del IBI y de las plusvalías ligadas al sector inmobiliario. Se trata, por tanto, de un ingreso que cada vez cobrará mayor importancia en las arcas municipales.

En las ordenanzas fiscales figura el impuesto a los cruceristas con una estancia menor a las doce horas, y a los usuarios de pisos turísticos de corta estancia. Si la ciudad los recibe, debe haber una compensación económica. Esa es la filosofía del equipo de gobierno que en esta materia no se aleja de los postulados de los comunes. Se contempla pasar de los 3,25 euros que prevé el recargo municipal a los 4 euros a partir del 1 de abril de 2024, que es el tope máximo que prevé la ley, en los dos casos. "El recargo del impuesto turístico es la aportación que hacen los turistas para disfrutar de las actividades que el resto de la ciudad financiamos", insistió Jordi Valls. En el caso de los hoteles de cuatro y cinco estrellas el recargo municipal pasa de los actuales 2,75 euros a los 3,25 euros.

Los ayuntamientos, sin embargo, deben ser capaces de invertir, de actuar como motor de toda la economía de la ciudad. Lo que pretende el ejecutivo local de Collboni es iniciar, en todo caso, una senda de consolidación fiscal. Para Valls ha llegado el momento de que el sector privado recoja el testigo después del “esfuerzo del sector público en todos estos años”, que han servido, además de la propia dinámica de la economía local, para “superar toda la etapa de la pandemia”, y volver a los números anteriores al gran parón económico.

En todo caso, la inversión se mantiene, en el que sería, si se aprueba, el mayor presupuesto que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona, con 3.735 millones de euros. La inversión prevista es de 777,6 millones de euros. Pero se debe sumar 127,3 millones de las actuaciones de las empresas Barcelona Serveis Municipals y el Institut de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. La cantidad final se eleva, entonces, a 905 millones de euros.

¿PAPEL MOJADO?

Entre las actuaciones previstas figura en las cuentas de 2024 los ocho millones de los 48 millones que se destinarán a la reforma de la Rambla; los primeros cinco millones para la cobertura de la Ronda de Dalt, de los 33 previstos para los años 2024-2027, y los 30 millones para el Pla de Barris, que se pretende que sea el gran legado del mandato.

Si se quiere ‘salvar’ a los barceloneses, sin pagar más en impuestos como el IBI, ¿en qué gastará el Ayuntamiento? Las políticas con mayor gasto que figuran en la propuesta del PSC son las de Servicios sociales y promoción social, con 440,2 millones; Bienestar Comunitario, con 419 millones destinados a recogida de residuos y limpieza; y Seguridad y Prevención, que recibirá 396 millones de euros.

Valls dio cuenta de esas previsiones, con la idea de mantener estable el endeudamiento, que se sitúa alrededor del 32% de los ingresos corrientes. En ese capítulo de ingresos corrientes, lo que se contempla es un crecimiento de 314 millones de euros. Respecto al gasto corriente se prevé un crecimiento contenido de los recursos disponibles hasta llegar a 2.868 millones, un 4,3% más que este año.

Todo eso, sin embargo, podría quedarse en el papel, porque el PSC debe ahora comenzar una complicada negociación con el resto de grupos municipales. Ante la pregunta sobre qué ocurría si Collboni se ve en la tesitura de prorrogar las cuentas, la respuesta de Valls es contundente: “No lo contemplamos, no tenemos prevista una prórroga”. Pero si sucede, el Ayuntamiento tiraría de las expansivas cuentas de 2023, y dejaría en un cajón 715 millones de euros “entre el ordinario y las inversiones”. ¿Un mal menor? Es lo que calibrará en las próximas semanas Collboni y su hombre fuerte en el consistorio, el cuarto teniente de alcalde Jordi Valls.