El Ayuntamiento de Barcelona ha potenciado, durante los últimos años, los cortes de calles al tráfico en vías principales de la ciudad para destinar espacio de la calzada a los viandantes. En el marco de la guerra al vehículo privado, el anterior gobierno municipal incrementó acciones de este tipo y las combinó con las pacificaciones y recortes en el estacionamiento en superficie, entre otras medidas.
El programa que ha tenido un mayor impulso en el ámbito de la peatonalización ha sido Obrim Carrers. Esta iniciativa reserva, durante los fines de semana, el eje de Sants-Creu Coberta, entre plaza Espanya y calle Arizala, y la calle Gran de Gràcia, en el tramo comprendido entre la calle Nil Fabra y la plaza Nicolás Salmerón, a los viandantes en detrimento del tráfico.
El gobierno de Jaume Collboni ha apostado por dar continuidad a este programa, por lo que ha destinado una partida millonaria que garantice el servicio de controladores encargados de la realización de estos cortes en los próximos años.
MÁS DE DOS MILLONES
El consistorio barcelonés ha adjudicado los trabajos de control de accesos del programa Obrim Carrers durante dos años con una partida que ha ascendido hasta los 2.015.275 euros. Con esta contratación se garantizarán los cortes al tráfico hasta octubre de 2025.
La adjudicataria ha sido la UTE Iman Corporación - Alianzas y Subcontratas, una unión empresarial que ya ha obtenido contratos anteriores para llevar a cabo estos trabajos. En 2021, recibió 1.854.195,75 euros para un servicio que prestaron durante finales de 2021 y 2022. En el actual contrato se contempla una posible prórroga máxima de dos años adicionales.
El consistorio barcelonés señala que la elevada cantidad de efectivos de la Guardia Urbana que se necesitaría para el correcto funcionamiento de Obrim Carrers justifica esta contratación de personal para colaborar en trabajos de control, regulación y ordenación del tráfico.
TRABAJOS
Entre los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria se encuentra la colocación y retirada de las vallas u otros elementos destinados a la señalización de las restricciones a los vehículos, impedir el acceso de éstos y de peatones a itinerarios determinados y señalizar las zonas de peligro y acotarlas con elementos como vallas, conos o señales. También informar a la ciudadanía de los motivos de los desvíos y de itinerarios alternativos, facilitar el acceso a vehículos autorizados, avisar a los servicios de emergencia en caso de ser necesario, comunicar las incidencias que surjan durante el servicio y elaborar las operativas a desarrollar durante los cortes de calles, son cuestiones que también tendrán que cubrirse con este servicio.
Finalmente, los trabajadores deberán realizar un informe con las incidencias detectadas, en el que se recontará y revisará el estado del material aportado por el Ayuntamiento además de participar en reuniones de coordinación y representar a la empresa adjudicataria en estos encuentros.
SIN PRESENCIA DE LA URBANA
Jordi Rodríguez Lima, portavoz del Sindicato de la Guardia Urbana SIP-Fepol (antiguo SAPOL), lamentó en declaraciones a Metrópoli la falta de coherencia existente en que los cortes de Obrim Carrers "los haga una empresa privada y no la Guardia Urbana", ya que la "regulación del tráfico deben hacerla los agentes de la autoridad".
El portavoz sindical remarcó la gravedad de realizar contrataciones a "empresas sin experiencia en este tipo de trabajos", y destacó la peligrosidad que conlleva: "Si un día pasa algo, nadie asumirá responsabilidades".