El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, está dispuesto a desmarcarse de su predecesora en el cargo mostrándose firme ante las okupaciones de propiedades municipales, y lo hará de forma inmediata. Este viernes entrará en vigor un protocolo del Ayuntamiento que indica a los gestores de las instalaciones dependientes del consistorio cómo actuar en caso de que estas sean okupadas.
El deber municipal es claro. Ante la okupación de bienes municipales el ente local tiene la potestad y la obligación de actuar para preservar su patrimonio y defender el interés general, según indica el escrito aprobado por el gobierno municipal a finales de octubre.
La contundencia en la actuación es otro aspecto característico de esta aprobación. En este sentido, el texto destaca que el consistorio debe ejercer todo tipo de acciones y recursos en defensa de sus bienes y sus derechos para lograr la desokupación.
PAUTAS DE ACTUACIÓN
El protocolo aprobado por el gobierno municipal marca una serie de acciones que realizar por parte de los gestores de las instalaciones barcelonesas en caso de okupación. La primera de ellas es la confirmación de este hecho mediante las comprobaciones oportunas determinando, si es posible, desde cuando se produce.
Archivo municipal contemporáneo de Barcelona
La identificación de las personas que se encuentran en el interior y la comprobación sobre si la okupación comporta un riesgo para los vecinos u otras personas también se incluyen en este breve manual de actuación.
Finalmente, los responsables de la instalación deberán determinar los daños al patrimonio y cuantificarlos a la Hacienda municipal.
EVITAR RIESGOS
Mediante este protocolo, la administración barcelonesa quiere evitar que se consoliden las okupaciones, ya que pueden constituir un riesgo para los propios okupantes, para el vecindario y para terceras personas.
Esta guía no aplica a las okupaciones de viviendas de titularidad municipal, casos que siguen una normativa específica que organismos municipales han recomendado respetar.
Oficina de atención ciudadana de Sant Andreu
CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD
El Ayuntamiento activa este protocolo tan solo dos meses después de firmar un acuerdo con la empresa Security Services Kuo para proteger los inmuebles municipales contra las okupaciones.
El contrato con la empresa de seguridad ha supuesto un coste de 2.158.833 euros y cuenta con una duración de ocho meses. En caso de que se aplique una eventual prórroga de seis meses, se añadirá una aportación municipal de 1,6 millones de euros, por lo que la factura ascendería hasta los 3,8 millones para cubrir el servicio durante 14 meses.