Abolición o regulación. Esta ha sido una de las disyuntivas que el anterior gobierno municipal, conformado por BComú y el PSC, ha tenido que tratar a lo largo de cuatro años. Mientras que la formación de Ada Colau reiteró sin tapujos su posición regulacionista, el partido liderado por Jaume Collboni defendió hasta los últimos días del mandato la abolición de la prostitución.
Uno de los últimos episodios de este enfrentamiento se dio en el pleno municipal del pasado mes de enero, en el que el grupo socialista expuso una proposición para declarar a Barcelona como una ciudad abolicionista y adherirla a la "Red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución". El voto en contra de los comunes, junto a los de ERC y Ciutadans, se tradujo en un rechazo de la propuesta que fue defendida de forma acérrima por la exconcejal socialista Rosa Alarcón. Este enfrentamiento puso en evidencia la voluntad de la formación liderada por Collboni para acabar con la era regulacionista de Colau.
En relación al trabajo sexual ejercido en las calles de la capital catalana, el nuevo gobierno municipal ha renovado un convenio firmado por primera vez en 2015 que se ha repetido de forma anual con una entidad cristiana comprometida con la prevención, detección y actuación efectiva ante la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
CONVENIO
El Ayuntamiento ha aprobado la renovación de un convenio de colaboración con el colectivo Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor para el proyecto de acogida y atención social a mujeres que ejercen el trabajo sexual en la calle.
Congregación de las Hermanas Oblatas en Barcelona
El pacto con esta entidad se ha traducido en el otorgamiento de una subvención directa desde el consistorio por un importe de 25.000 euros. Esta cantidad servirá para cubrir el 18,44% del coste total de esta iniciativa, tasada en 135.600 euros.
CONGREGACIÓN CENTENARIA
Los inicios de la congregación de las Hermanas Oblatas se remontan a 1870, cuando la agrupación inició su andadura en Madrid para acoger y acompañar a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación de exclusión social.
El colectivo religioso desembarcó en Barcelona 28 años más tarde, y se ubicó en la calle de Bellesguard, lugar en el que actualmente se encuentra la Universidad Abat Oliba. En 1984, y a raíz de la elevada concentración de prostitución en la zona, las Oblatas se trasladaron al Raval, donde se hicieron con un espacio propio.
Trabajadora sexual en Barcelona
Bautizado como El Lloc de la Dona, el local inaugurado en 1996 en la calle de l'Om ofrece un programa integral de atención a la mujer en el marco de la prostitución, trabajos que contarán con la colaboración económica del Ayuntamiento. El trabajo de las Hermanas Oblatas, como especifica la entidad, se sitúa en la defensa, respeto y reconocimiento de la dignidad y los derechos de cada mujer y de su toma de decisiones, con la mayor autonomía posible, sean cuales sean dichas decisiones.
PRESENCIA INTERNACIONAL
Según indica la propia entidad, las Hermanas Oblatas trabajan para "las mujeres que ejercen prostitución y/o son víctimas de trata para la explotación sexual", expresando su compromiso "en favor de la igualdad, la justicia, la liberación y la vida". La agrupación destaca que "la congregación opta por un compromiso solidario con la mujer en prostitución, para juntas recorrer un camino de evangelización liberadora".
Las Oblatas cuentan con presencia internacional repartida en una quincena de países americanos y europeos: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos Filipinas, Guatemala, Italia, México, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
APOYO EXPLÍCITO
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicitado su posición regulacionista en diversas ocasiones durante el ejercicio de su cargo, una posición opuesta al abolicionismo defendido por la formación de Collboni. En su primer mandato, la líder de los comunes defendió a ultranza al Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Laura Pérez, exconcejal de los comunes, defendió la organización por la defensa de los derechos laborales de las prostitutas. También aseguró que la agrupación era favorable a la "lucha contra la violencia de género".
El apoyo de BComú también se formalizó en el ámbito económico. La exalcaldesa recibió críticas desde asociaciones feministas por subvencionar a colectivos favorables a la prostitución como Aprosex. Según informó Crónica Global, esta organización recibió miles de euros en partidas económicas municipales, una situación que se extendió a lo largo de los dos mandatos anteriores.