Etiquetas, sanciones y la necesidad de proteger el medio ambiente. Rápido. Sin contemplaciones. ¿Es digerible para todos? El AMB, el gobierno del área metropolitana de Barcelona, entiende que no se pueden implementar medidas de la noche a la mañana, que se deben aplicar de forma gradual. Y que el Govern de la Generalitat debe tener en cuenta la propia experiencia metropolitana. Eso justifica que el órgano supramunicipal haya presentado alegaciones al decreto del Govern. El vicepresidente del AMB, Carles Cordón, señala a Metrópoli: "Hay una doble velocidad que se debe respetar, con municipios que necesitan su tiempo, con experiencias que están dando su fruto", señala, en alusión a la Zona de Bajas Emisiones Rondas, y las zonas de bajas emisiones de otros municipios metropolitanos. “Todas son coherentes con una implantación progresiva y con objetivos comunes, coordinados y con criterios homogéneos”, señala el también alcalde de Cerdanyola.
Cordón entiende que la Generalitat no puede colocar a todos los municipios en el mismo nivel, sin tener en cuenta la experiencia del área metropolitana, que ha logrado influir en la legislación del conjunto de España. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha adoptado la señalización metropolitana como obligatoria para todo el Estado. La experiencia muestra que la ZBE Rondas BCN ha reducido la circulación de vehículos más contaminantes. Si en 2017 representaban el 20% del total de vehículos, actualmente “representan menos del 2%”. Eso significa, señala el AMB, que, en relación a 2017, con el mismo volumen de vehículos circulando por la metrópolis de Barcelona, “ahora se contamina un 58,2% menos respecto al NO2 (dióxido de nitrógeno), y un 20,3% menos en partículas en suspensión (PM10).
LABOR PEDAGÓGICA
Lo que pretende el decreto del Govern de la Generalitat, sobre la calidad del aire, es abordar restricciones por municipios, una segmentación que rechaza el AMB. Es, precisamente, un problema que ha ido superando el organismo supramunicipal, para tratar de que los ayuntamientos no aprueben por su cuenta ordenanzas distintas. En un momento en el que está en juego la necesidad de consolidar un gobierno metropolitano –la idea la lanzó hace unos meses el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni—el Govern de la Generalitat, que preside el republicano Pere Aragonès, propone “un retroceso en la capacidad de establecer restricciones de ámbito metropolitano”.
Marcha de transportistas por Barcelona, que protestan por la ZBE
La realidad urbana de la metrópolis es lo que está en juego, frente al objetivo –que sí se puede compartir, pero con diferentes ritmos, según el AMB—de que Catalunya tenga zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes en 2025. ¿El calendario es realista? El AMB entiende que debe haber una labor “pedagógica”, como señala Cordón, para que los distintos municipios se vayan adaptando a una exigencia europea, pero también social, porque “se entiende” la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos, y evitar muertes por problemas respiratorios, producto de la contaminación.
El AMB lo preside el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pero cuenta con vicepresidencias de hasta cuatro fuerzas políticas, del propio PSC, de JxCat, de los comunes y de ERC. Ese gobierno metropolitano contrasta con el Govern de la Generalitat, en manos sólo de los republicanos. Esquerra, en un gobierno y en otro, se encuentra en una situación delicada, pero defiende la posición de los 36 ayuntamientos del AMB, frente a la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mireia Boya, ex dirigente de la CUP, que deberá analizar ahora las distintas alegaciones recibidas.
El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, y la vicepresidenta de Acción Climática del AMB, Janet Sanz, en una imagen de archivo
Existe también una cuestión jurídica, porque la regulación de la Generalitat puede complicar futuras impugnaciones ante la Justicia. El AMB se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que fue refrendada por el Tribunal Supremo, y que anuló la ZBE de Barcelona. El organismo supramunicipal envió una carta a Mireia Boya en la que se señala esa circunstancia: “Supone un auténtico riesgo en futuros contenciosos judiciales en términos de regresión del alcance de las restricciones”. El AMB añade que ha actualizado “el modelo de ordenanza municipal metropolitana”, precisamente, “para dar respuesta a la sentencia del TSJC”.
UN "BLOQUE" METROPOLITANO
El objetivo del AMB es que se proteja su ámbito de gobierno. Y se pide que se conserve el Registro Metropolitano de Exenciones y Vehículos Extranjeros, con 200.000 inscritos, como un “instrumento clave de la gestión coordinada y homogénea de las restricciones”. Y también se recuerda la cuestión económica, para que se mantenga la tasa metropolitana para gestionar la ZBE. Contribuye en un “60% a la financiación de esta gestión”, a la que se debe añadir las distintas aportaciones de los ayuntamientos.
Y otra cuestión clave para el AMB es la superficie mínima para las ZBE locales. Y es que determinados municipios, como Badalona, Sabadell o Mataró no entienden que se les pueda exigir, por parte de la Generalitat, una superficie mínima del 25% del suelo urbano residencial del municipio para esa ZBE. El gobierno metropolitano señala que ese porcentaje debería computarse en términos metropolitanos, reforzando la idea de un todo, de un bloque para el área metropolitana.
Ahora el Govern de la Generalitat deberá dar respuesta a las diferentes alegaciones recibidas. Cordón espera que sean atendidas, y con él el resto de fuerzas políticas representadas en el gobierno del AMB.