El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona redobla su presión sobre el alcalde, Jaume Collboni, para mantener la eliminación de los pisos turísticos de Barcelona de cara a inicios de 2029.
Los republicanos han anunciado en un comunicado, concretamente, que pedirán "ampliar la detección" de los anuncios de pisos turísticos ilegales que operen en la capital catalana.
El objetivo es que, además de que los socialistas lleven a cabo la que es una de sus medidas estrella para este mandato --la regulación del sector--, que no quede opción para aquellos que se pasen a las ofertas ilegales, es decir, los pisos que se ofertan como turísticos, pero que carecen de autorización o licencia.
Monitorización de plataformas
De esta manera, explican, el foco se pondrá en la vigilancia de la oferta de plataformas como Booking.com o Airbnb, pero también en "el resto de aplicaciones y plataformas propensas a generar interacción comercial entre usuarios".
Esto implica también monitorizar la actividad de Wallapop y otras apps que, en un principio, no están destinadas a este tipo de intercambios, pero en las que la actividad sí ha logrado abrirse un hueco.
Dos turistas esperan en la puerta de un piso turístico en Barcelona
El partido que lidera Elisenda Alamany llevará la petición a la Comisión de Ecología y Urbanismo, Movilidad y Vivienda de esta semana.
Compensación milmillonaria
El anuncio coincide con la advertencia que ha hecho este mismo lunes la patronal de los pisos turísticos de Barcelona, Apartur. Su CEO, Marian Muro, ha anunciado que exigirán 1.000 millones de euros a la Generalitat en concepto de compensación por las pérdidas para el sector. Eso sí, el regulado. Se trata, por tanto, de unas 1.500 viviendas y 25 empresas gestoras que operan en la capital catalana. Asimismo, esta reclamación podría extenderse al conjunto del Principado.
Marian Muro y Enrique Alcántara (Apartur)
Pero las reclamaciones, ha explicado en rueda de prensa tanto la CEO como el Presidente de Apartur, Enrique Alcántara, podrían superar los 3.000 millones de euros en Barcelona y los 7.000 millones en el conjunto de Catalunya. Se pueden presentar solicitudes hasta el 8 de noviembre, cuando se cumpla un año de la publicación de la regulación.
La administración Collboni tiene previsto terminar con la actividad en la urbe entre finales de 2028 e inicios de 2029. Esta es, de hecho, uno de los buques insignia en materia económica del gobierno local.
Uso de la fiscalidad
De hecho, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, aseguró hace escasos días la estrategia a seguir para llevar a cabo la medida. "Utilizaremos la fiscalidad para que los pisos turísticos no sean rentables", señaló.
Jordi Valls: "Utilizaremos la fiscalidad para que los pisos turísticos no sean rentables"
Valls aseguró que los pisos turísticos fueron el fruto de una "autorización" del Ayuntamiento en los años de la alcaldía de Xavier Trias. Pero "en ningún caso se trata de una licencia". Es decir, la relación del Ayuntamiento con los distintos actores que operan en el sector turístico es muy diferente en función de si son hoteles o pisos turísticos.