Collboni exige al Govern desplegar la ley bucodental tras el rechazo del TS al dentista municipal

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la propuesta del dentista municipal impulsada en 2018 por el gobierno de Ada Colau y aprobada en 2019, poniendo fin a uno de los proyectos estrella de los comunes. Tras el fallo judicial, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instado a la Generalitat a poner en marcha la ley de salud bucodental, una normativa que se espera sea implementada durante esta legislatura.

El alcalde ha subrayado la importancia de que la Generalitat asuma el despliegue de esta ley, especialmente tras el compromiso reciente de la consellera de Salut, Olga Pané, de llevar a cabo dicha implementación. Según Collboni, la cobertura dental pública debe ser una prioridad para garantizar el acceso a servicios básicos de salud a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Impulsar políticas sociales en salud

A pesar de la resolución del Supremo, fuentes del Ayuntamiento han aclarado que la sentencia no afecta los servicios de atención dental que ya se ofrecen a diversos colectivos en la ciudad. En 2018, el consistorio puso en marcha un programa de atención bucodental gratuita destinado a personas en situación de vulnerabilidad, y desde 2022, el decreto ley de atención pública de la salud bucodental establece que CatSalut financia el 60% del coste de los tratamientos para estas personas.

El consistorio ha destacado, además, que sigue trabajando para mejorar el acceso a servicios dentales asequibles. Una de las medidas en marcha es la firma de un convenio con la Asociación Empresarial de Centros de Asistencia Dental (AECAD), que permitiría a las clínicas dentales asociadas ofrecer tarifas sociales. Esta iniciativa busca aliviar el alto coste de los tratamientos dentales, un obstáculo que afecta especialmente a las personas con menos recursos.

La propuesta de dentista municipal fue concebida como una medida para democratizar el acceso a la atención dental, un ámbito que históricamente ha quedado al margen de los servicios de salud pública. Pero el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (COEC) presentó un recurso y se suspendió cautelarmente, hasta a día de hoy. Tras varios años de lucha legal y debates políticos, el Tribunal Supremo ha puesto punto final al proyecto.