Fachada del edificio 'Casa Bloc', centro para menas en Sant Andreu / AJUNTAMENT DE BARCELONA
Barcelona aborda la acogida de menas con una inversión de siete millones de euros
Cada año más de 600 niños y adolescentes son ayudados por los servicios sociales municipales para evitar que caigan en una situación de desarraigo social y marginalidad
Una inversión social. Casi siete millones de euros. El drama de los menores extranjeros no acompañados castiga a Barcelona de forma especial. Cada año, más de 600 niños y adolescentes son ayudados por los servicios sociales municipales para evitar que caigan en una situación de desarraigo social y marginalidad. El número va en aumento porque la capital catalana es un destino atractivo para los migrantes y, consecuentemente, para los menas.
El Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) tiene un instrumento para acoger y tratar la problemática de estos jóvenes: el Servei de Detecció i Intervenció (SDI), creado en el año 1999 para atender a los menores migrantes que vivían en las calles de Barcelona.
Con posterioridad, el SDI amplió su marco de actuación y comenzó a ofrecer también servicios a jóvenes migrantes sin referentes familiares, aunque tuviesen una casa, ofreciéndoles acompañamiento hasta poder ser derivados a los servicios sociales básicos de atención primaria al cumplir los 21 años. Según el Ayuntamiento, en estos momentos, el SDI es un servicio para acoger a menas que están “en situación de desamparo y grave riesgo social y viven habitualmente en la calle y en espacios públicos de la ciudad o en infraviviendas”.
Un contrato millonario
Para gestionar este acogimiento, el Ayuntamiento adjudicó el pasado 29 de octubre un contrato de 1.747.627 euros a la empresa Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, experta en gestionar conflictos sociales.
Este contrato, por un año, puede ser prorrogado por tres años más, es decir, hasta completar los 4 años, tal y como prevén sus cláusulas, por lo que el dinero que el consistorio barcelonés destinará a gestionar las ayudas a los menas ascenderá a 6.990.508 euros.
Aunque el tema de menores es competencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña, el IMSS arrima el hombro para minimizar el impacto que puede tener el aumento de niños, adolescentes y jóvenes migrados solos en la ciudad de Barcelona. Según los expertos municipales, la intervención social “requiere la implicación en líneas de trabajo conjunto efectivas de las diferentes administraciones públicas competentes y la coordinación con entidades especializadas de la sociedad civil”.
Sube el número de atendidos
El SDI atiende a niños, adolescentes y jóvenes hasta los 21 años que han llegado a Barcelona y no tienen un adulto de referencia. La gran mayoría de ellos no tienen una vivienda digna y están en grave riesgo de desarraigo social. Los servicios municipales desarrollan trabajos comunitarios de interrelación con la red vecinal y social del entorno, pero en coordinación con la DGAIA.
Fuentes municipales subrayan, en este sentido, que “el trabajo municipal es de apoyo a la labor de los servicios sociales, pero las competencias en la materia son exclusivas del Gobierno autonómico, por lo que nosotros nos coordinamos con ellos y ayudamos hasta donde podemos”.
Aunque no existen números exactos sobre cuántos menores extranjeros no acompañados viven en las calles de Barcelona, sí hay números de los menas atendidos por los servicios sociales: en 2021, hubo 507 atendidos, de los que 227 eran menores de edad y 280 tenían más de 18 años.
Esta cifra era muy similar a la del año anterior. Otra cosa es que todos ellos sean sin techo, pues la mayoría sí tiene casa, aunque pertenece a entornos muy degradados. Sólo 86 jóvenes atendidos estaban en situación de sinhogarismo, según recoge un informe del Síndic de Greuges.
En 2023, el número ya se había disparado un 20%: un total de 628 menores fueron atendidos en las oficinas municipales (en 2022, el número se había disparado hasta 666, justamente cuando se abrieron fronteras tras la crisis sanitaria). De esos 628 menas atendidos, 249 eran menores de edad y 379 tenían 18 años o más.
La mayoría, de África
El hecho de que muchos menores puedan engrosar las listas de sintecho requiere abordar el tema a todos los niveles y desde todas las administraciones, que se hacen corresponsables del problema. El Ayuntamiento elaboró un informe titulado ‘¿Quién duerme en la calle en Barcelona? Características de la población sin techo de la ciudad’, aunque no desglosaba a los menas. En cambio, sí recogía que entre 2016 y 2018 los jóvenes menores de 30 años durmiendo en las calles de la ciudad había pasado de 136 a 267. “Hay un 30% de la población contactada por los equipos de calle que acumula menos de un año de vida en la calle. Como es de esperar, entre las personas con corta trayectoria de calle están sobrerrepresentadas las de menos de 30 años”.
También destaca el hecho de que “el 36% de las personas son techo de menos de 30 años proceden del Norte de África y el Magreb, mientras que el peso de estas procedencias es sólo el 11% para las personas de más de 30 años de edad”. Esta alta incidencia de riesgo de exclusión social de migrantes de Marruecos y de países del África Occidental se da también en el segmento de menores.
Un observatorio para prevenir
En este contexto, el SDI “actúa específicamente en la prevención y aborda la detección e intervención social multidimensional mediante el ofrecimiento de oportunidades y acompañamiento de estos niños, adolescentes y jóvenes para su recuperación personal integral y, al mismo tiempo, recuperarlos para la comunidad”.
La empresa Progess tiene como objetivo principal “identificar y ofrecer alternativas a los menas que se encuentran en la calle, en situación de riesgo y desamparo, cuya edad sea menor de 21 años, facilitando el acceso a los recursos de la red de servicios de protección y atención social.
Acampada contra el centro de menas en el Besòs
Se trata de niños, adolescentes y jóvenes de origen extranjero, procedentes de países y culturas diferentes que, generalmente, han emigrado solos y que han hecho de la ciudad de Barcelona su lugar de residencia habitual o temporal y no disponen de recursos propios ni vinculaciones familiares”.
Trabajo comunitario
Los expertos de Progess deben recoger datos, detectar tendencias, diagnosticar situaciones, articular estrategias de intervención (“convirtiéndose en un Observatorio del fenómeno”). Luego, ha de intervenir a nivel individual o grupal para mejorar la situación de estos ciudadanos y su acceso a las redes de apoyo y realizar un trabajo comunitario con los actores del territorio para su inclusión en la sociedad, en beneficio “de la convivencia y la cohesión social”.
Una de las características de este servicio es que puede atender tanto a jóvenes tutelados como extutelados, siempre y cuando no hayan cumplido los 21 años. ¿Y cómo se llega a estos jóvenes? Puede ser por varias vías: a petición propia del usuario; porque los propios servicios municipales localizan a un menor en situación precaria; o porque les son derivados estos jóvenes de otros servicios o entidades. Siempre con la meta de “favorecer su vinculación al territorio y a la vez mejorar la percepción de la comunidad con relación a los jóvenes y a la inversa”.
Red de centros de acogida
En la ciudad hay varios centros de protección de estos menores, que son repartidos dependiendo de la edad y el tipo de caso. Por una parte, están los centros de acogida, que facilitan una atención inmediata y transitoria a niños y adolescentes hasta los 18 años. La labor de estos centros es la observación, el diálogo, la tutela y la educación en las situaciones de urgencia.
Por otro lado, están los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), que ofrecen al menor un recurso alternativo a un medio familiar que les falta i que está muy deteriorado. La DGAIA deriva a estos centros a algunos de los menores que acoge el Govern. Por último, están los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI), que acogen a jóvenes de 12 a 18 años temporalmente. A estos centros van a parar menores que presentan alteraciones de conducta y que requieren un tratamiento especial.
Su labor es, pues, ofrecer una respuesta educativa y asistencial, por lo que disponen de medidas estructurales de protección para la tutela y la educación.
