Barcelona quiere seguir poniendo límites a la especulación con la vivienda. La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento ha acordado estudiar la prohibición de comprar vivienda a extranjeros que no la adquieran con el objetivo de residir en la capital catalana.
El objetivo es evitar que estas personas que provienen de fuera de la ciudad puedan comprar viviendas con un fin especulativo. La propuesta la ha realizado ERC y ha recibido el apoyo de PSC y BComú, mientras Junts, PP y Vox se han opuesto.
Desde el grupo republicano han defendido los efectos positivos de estas iniciativas legislativas en los Países Bajos. Con este tipo de medidas esperan que Barcelona no siga "en manos del mejor postor, vendiéndose a trocitos pequeños como si fuera un tablero de Monopoly", ha asegurado la edil de ERC, Eva Baró.
Turistas abandonando un piso
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha compartido que "en un contexto de escasez de oferta de vivienda, los hogares no pueden servir como un activo financiero" y ha pedido reflexionar sobre qué pueden hacer las diferentes administraciones.
Junts y PP se oponen
Por su parte, el concejal de Junts, Damià Calvet, ha definido la propuesta como “imposible” en su forma actual, alegando que podría generar efectos negativos en el mercado inmobiliario. Guille López, concejal de BComú, ha expresado su apoyo a la medida, aunque cree que se queda corta y que debería extenderse a todas las compras especulativas, no solo a las realizadas por extranjeros.
En el otro lado del espectro político, el portavoz del PP, Juan Milián, ha criticado la propuesta al considerarla una medida intervencionista que podría obstaculizar el mercado. En este sentido, Milián ha defendido la necesidad de permitir la participación de fondos de inversión en el sector de la vivienda, considerándolos potenciales aliados en la construcción de nuevos hogares.
Liberto Senderos, de Vox, también ha cuestionado la eficacia de las intervenciones en el mercado, argumentando que la desregulación es la mejor vía para solucionar la crisis de vivienda.
Pisos protegidos en Barcelona en una imagen de archivo
Eliminar la reserva de vivienda protegida
En paralelo a la propuesta de restricción a la compra de viviendas, el PP ha presentado una proposición para eliminar la reserva del 30% de viviendas de uso protegido en la ciudad y suprimir las zonas tensionadas.
Sin embargo, la medida ha recibido el rechazo de los grupos del PSC, Junts, ERC y BComú. Laia Bonet ha dado respuesta a la iniciativa popular lamentando que se apueste por la desregulación y por dejar que los poderes públicos se conviertan en simples espectadores del mercado inmobiliario.