
Un desalojo en Vallcarca
Barcelona, a la espera de autorización judicial para recuperar las fincas okupadas en Vallcarca
El Ayuntamiento requirió a los 40 inquilinos que desalojaran los inmuebles situados en la avenida, ambos de titularidad municipal y declarados como infravivienda
Relacionado: Barcelona arrasa el conflictivo asentamiento de Vallcarca tras 15 años de infravivienda
Los conflictos de okupación en Vallcarca no cesan. El Ayuntamiento de Barcelona está a la espera de recibir una autorización judicial para desalojar a los 40 inquilinos que okupan desde hace seis años de manera ilegal dos fincas de titularidad municipal declaradas como infravivienda.
El consistorio inició en marzo la vía administrativa para recuperar los dos edificios de la Avenida Vallcarca y una nave de la calle Farigola. Este miércoles, 2 de julio, terminaba el plazo para que los inquilinos se marcharan de forma voluntaria.
Una comitiva de la Guardia Urbana se ha desplazado hasta el lugar para informar a los inquilinos, como indica el protocolo, de la situación. No obstante, los okupas han optado por quedarse.
Continuar con la recuperación
Fuentes del consistorio han indicado a Metrópoli que "toda ejecución forzosa requiere de autorización judicial, lo cual solo puede producirse si previamente no tiene lugar dicho desalojo voluntario" y que "el Ayuntamiento presentará las alegaciones pertinentes para continuar con el proceso de recuperación".
El gobierno municipal adquirió las tres propiedades en 2015 como resultado de un proceso de expropiación por ministerio de la ley, es decir, impulsado por los anteriores propietarios.
Rambla Verde
Además, están afectadas por una reforma urbanística, de manera que no se les puede dar ningún uso ni rehabilitarlas. De hecho, el consistorio las calificó como infravivienda.
El objetivo del Ayuntamiento es derruir los tres inmuebles en el marco del proyecto de la Rambla Verde de Vallcarca.
"La única alternativa respecto a estas propiedades era y es su derribo. En esta situación, el Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad y el buen estado de los inmuebles ni evitar riesgos para las personas", han aseverado fuentes del consistorio.
Atender a los inquilinos
En paralelo, el consistorio ha asegurado que trabaja para atender las situaciones de vulnerabilidad y ofrecer recursos y soluciones habitacionales a los 40 inquilinos, entre los que hay 13 menores de edad.