Janet Sanz y Ada Colau, en una comparecencia conjunta / ARCHIVO
Vuelve la ‘espionitis’: los comunes denuncian una teoría de la conspiración contra ellos
Varían los protocolos de relaciones con sus militantes y preparan grupos que ocupen calles, edificios y universidades para poner en práctica la “acción directa”
Janet Sanz (comunes) abandona la política: "Es el momento de abrir una nueva etapa profesional y de cerrar heridas"
Las teorías conspiranoicas no son patrimonio de nadie. Toda la clase política, tanto de derechas como de izquierdas, echa mano de ellas y las utiliza como arma política conforme a sus intereses.
Es lo que está ocurriendo ahora con los círculos de los comunes.
Ya no es solo la ominosa extrema derecha española la que los tiene en el punto de mira: los poderes fácticos internacionales han puesto los ojos en Barcelona en Comú (BeC).
Varían los protocolos
Es la extraordinaria teoría que ha prendido en las filas de la formación de izquierdas, que ha alertado a sus activistas que a partir del 1 de octubre se comunicará con ellos preferentemente a través de email, WhatsApp o Telegram.
Las concejales de BComú Gemma Tarafa y Janet Sanz
En parte, la líder Ada Colau ya advirtió, antes de partir hacia Gaza en un velero, que la Flotilla Global Sumud lleva una diana sobre sus cabezas. Pero la teoría de la conspiración va más allá: “A partir del 1 de octubre, Facebook e Instagram nos quieren silenciar”, advierte la dirección a sus militantes.
El enemigo: los tecnomillonarios
“Los tecnomillonarios que controlan las redes deciden qué ves y qué queda escondido: los discursos de odio circulan libremente mientras el contenido social y crítico es eliminado o penalizado, Es una estrategia para acabar con el pluralismo y favorecer a la ultraderecha”, advierten.
De ahí que quieran reforzar sus canales directos. En el trasfondo de esa teoría de la conspiración dejan entrever que está su apuesta a favor de Palestina. “Human Rigths Watch documentó más de 1.409 casos de contenido pro Palestina siendo ocultado o eliminado de plataformas Meta, comparado con solo un caso de contenido proisraelí”.
Arrastran al Gobierno
Aducen otros casos de censura y subrayan que “esta dinámica revela un problema sistemático y los intereses reales de los tecnomillonarios tras las redes sociales: quieren acabar con el diálogo que pone en duda su status y apoyar al fascismo”.
El hecho de que pongan en el centro del debate la cuestión palestina no es gratuito, ya que es su principal caballo de batalla para marcar perfil, hasta el punto de que han arrastrado al Gobierno español a posiciones claramente partidistas.
De este modo, matan dos pájaros de un tiro: sacan pecho situándose en el centro de la foto y condicionan la estrategia del Gobierno español y, de rebote, del catalán y del municipal de Barcelona. Políticamente, la jugada es impecable.
Cuatro consejeros bajo la lupa
Pero no dan puntada sin hilo: este martes, su portavoz parlamentario, David Cid, solicitó la comparecencia de cuatro consejeros (el de Presidencia, Albert Dalmau; el de Deportes, Berni Àlvarez; la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; y la del de Exteriores, Jaume Duch) para que expliquen qué medidas han tomado contra Israel y reclaman que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, detalle también “medidas contundentes para evitar normalizar las relaciones con Israel”.
Para marcar más el paso del Govern, en el próximo debate de política general, el 8 de octubre, expondrán la exigencia de que el ejecutivo catalán “trabaje para que los equipos israelíes no participen en ningún caso en los eventos deportivos en Cataluña”.
Grupos de agitación
Paralelamente, en Barcelona se están organizando “Grupos de Apoyo” a la Flotilla (con el patrocinio de BeC) para apoyar las acciones de la plataforma Movement to Gaza, que durante los próximos días hará acampadas, marchas, manifestaciones, y otras acciones (como asediar la sede de empresas que comercian con Israel).
El martes, anunciaron a sus militantes que, del 17 al 23 de septiembre, “en los próximos días, crearemos grupos y programaremos capacitaciones y llamadas para la acción directa”. Además, anunciaban a los activistas que “ocuparemos calles, edificios y universidades y denunciaremos y actuaremos contra el genocidio”.
Es más: de las 18 concentraciones previstas en toda España, 7 de ellas son en Cataluña. La cúpula decidió también que el viernes 19 comenzasen las reuniones de trabajo del Grupo de Apoyo a la Flotilla de Barcelona.
La exigencia de Colau
Los comunes se han arrogado la representación moral de las protestas contra la guerra de Gaza y llamando al boicot a Israel de tal manera que exige que el Estado español garantice la integridad de la Flotilla.
“Garantizar la seguridad de Ada Colau, Jordi Coronas [concejal de ERC en Barcelona] y los más de 30 ciudadanos españoles que viajan en la Flotilla no es una concesión del Ministerio de Exteriores: es una obligación del Derecho Internacional”, anunció el partido a sus militantes.
Desde algunos posicionamientos críticos, discrepan de esa medida. “Colau, como ciudadana, puede hacer lo que le venga en gana. Pero no puede exigir que el Gobierno español se ponga a su disposición en una actuación que hace a título particular. Ni es una enviada gubernamental ni tiene ninguna representación, sino que integra la tripulación como persona individual o como representante de una fundación privada, pero no tiene ningún derecho a exigir que el Estado la ha de escoltar”, dice una fuente socialista crítica con lo que considera una escenificación de determinados grupos y partidos.
Aún así, la comisión extraordinaria de Presidencia aprobó el miércoles 17 de septiembre una proposición que pide al Gobierno central que garantice la “seguridad” de la flotilla, en un texto que contó con el apoyo de PSC, comunes y ERC. Una victoria más de los comunes en su campaña de acoso y desgaste a los socialistas.
