Fachada Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona reivindica la compra pública alineada con derechos humanos
Canal destacó la práctica de solicitar a las empresas declaraciones que aseguren no realizar operaciones que vulneren la Declaración Universal de Derechos Humanos ni disposiciones internacionales vinculantes en esta materia
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La responsable de Coherencia de Políticas Públicas en el Ayuntamiento de Barcelona, Carla Canal, defendió ante el Parlamento de Navarra la importancia de la compra pública alineada con los Derechos Humanos.
Una delegación del consistorio participó en una sesión de trabajo de la Cámara Foral para explicar las iniciativas implementadas por Barcelona para asegurar el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional en las licitaciones públicas.
Canal destacó la práctica de solicitar a las empresas declaraciones que aseguren no realizar operaciones que vulneren la Declaración Universal de Derechos Humanos ni disposiciones internacionales vinculantes en esta materia.
Al mismo tiempo, reconoció que Navarra ya cuenta con una legislación avanzada y elogiando la Ley de Contratación Pública de la Comunidad foral, puntualizando que “no hacen falta nuevas leyes, sino aplicar las que ya están”.
Legislación vigente y principios aplicables
Según recordó, la legislación actual obliga a las entidades a tomar medidas para garantizar obligaciones en materia de igualdad de género, medioambiental, social y laboral.
Fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo
“Es un principio de la ley que no está muy desarrollado, pero nos recuerda nuestra obligación”, indicó Canal, enfatizando la importancia de la aplicación práctica de la normativa existente.
La línea de trabajo del Ayuntamiento se centra en dos ejes: asegurarse de la solvencia y compromiso de la empresa con los Derechos Humanos y garantizar los derechos laborales, sociales y medioambientales en toda la cadena de suministro del propio consistorio.
Herramientas y seguimiento
Desde su área, se utilizan herramientas como Electronics Watch y otras redes internacionales. Estas permiten elaborar listas de productos de alto riesgo, analizar posibles vulneraciones de derechos humanos y ambientales, implementar planes de acción y realizar un seguimiento continuo del contrato.
Según Canal, se trata de iniciativas con años de experiencia en Europa, especialmente en países como Escandinavia, Alemania, Francia y Reino Unido, donde en 2015 se creó el Modern Slavery Act para combatir la esclavitud moderna y garantizar el respeto a los derechos en toda la cadena de suministro.
Medidas adicionales del Ayuntamiento
Entre otras medidas, el Ayuntamiento de Barcelona exige a las empresas firmar declaraciones sobre no mantener relaciones ilegales con paraísos fiscales.
Además, se ha puesto en marcha un proyecto piloto junto al Instituto Tecnológico de la Construcción de Barcelona para reforzar estas prácticas responsables en el sector.
Estas acciones buscan consolidar un modelo de compra pública ética, que no solo cumpla la legislación vigente, sino que también promueva la responsabilidad social y ambiental en todas las contrataciones municipales.
