Barcelona impondrá multas de hasta 300 euros a quienes paseen sin camiseta: cuándo empezará a aplicarse

Año nuevo, normas nuevas. En unos meses, Barcelona empezará a sancionar a las personas que paseen sin camiseta por la calle. Será a partir de febrero cuando el gobierno municipal socialista tenga más mano dura contra la “desnudez” en la vía pública, tras dos décadas de disputa legal.

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A partir de febrero

En 2011, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una ordenanza que prohibía pasear por la ciudad sin camiseta. Sin embargo, la norma no pudo aplicarse de manera efectiva hasta ahora, en 2026, cuando entrará en vigor a partir de febrero, debido a los prolongados procesos judiciales que retrasaron su implementación.

Aquella iniciativa se aprobó bajo el mandato del socialista Jordi Hereu y establecía sanciones para quienes fueran “casi desnudos”, una redacción que provocó la presentación de recursos por parte de asociaciones naturistas. En 2015, el Tribunal Supremo anuló la medida al considerarla “excesivamente vaga e imprecisa”.

Dos personas sin camiseta en Barcelona HUGO FERNÁNDEZ

El nuevo texto, en cambio, recoge que “está prohibido transitar o permanecer en los espacios públicos sin camiseta, camisa u otra pieza de ropa que cubra el torso, a menos que se esté practicando alguna actividad física o deportiva”.

Multas de hasta 300 euros

La anterior ordenanza contemplaba multas de entre 120 y 500 euros por pasear sin camiseta por Barcelona. Durante los cuatro años en los que estuvo vigente antes de ser anulada, se registraron alrededor de 300 sanciones, un número inferior al de otras infracciones como la venta ambulante o el consumo de alcohol en la vía pública.

En este caso, la nueva normativa sancionará con hasta 300 euros de multa, que ascenderán hasta los 500 para aquellas personas que circulen totalmente desnudas. La normativa especifica también que la Guardia Urbana deberá realizar una primera advertencia antes de multar y que no se aplicará en playas, piscinas o paseos marítimos.

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Suspendida por Colau

Tras la derogación de la normativa por parte del Tribunal Supremo, el gobierno municipal, bajo el liderazgo de Xavier Trias, de CiU, anunció que trabajaría en su modificación. Sin embargo, pocos meses después, el 13 de junio de 2015, Ada Colau asumió la alcaldía de Barcelona y la reforma quedó suspendida hasta este año.

Hace menos de un mes, Junts y el PSC anunciaron un acuerdo para actualizar la ordenanza de civismo, que luego recibió también el respaldo de ERC. Esta votación refleja posiciones similares a las de 2005: PSC, Junts y ERC a favor; Partido Popular absteniéndose; y BComú –entonces Iniciativa– en contra.

En esta ocasión, además, se suma el voto negativo de Vox, que hace veinte años no contaba con representación en el Ayuntamiento.

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