Dani Sirera en una atención a los medios
El PP plantea un giro radical para el 22@: Sirera propone construir 15.000 viviendas en solares de oficinas vacíos en Barcelona
El líder popular reclamará en el pleno de este viernes modificar el plan urbanístico del distrito tecnológico para ceder suelo público a promotores privados, además de pedir una flexibilización inmediata de la Zona de Bajas Emisiones
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En pleno debate sobre la crisis habitacional que atraviesa Barcelona, el Partido Popular ha decidido poner el foco en uno de los distritos con mayor potencial urbanístico de la ciudad.
El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, ha anunciado este jueves, 26 de marzo, ante los medios de comunicación que presentará una ambiciosa propuesta en el pleno del Ayuntamiento de este mismo viernes.
Su objetivo principal es forzar una modificación sustancial del Plan General Metropolitano (MPGM) aprobado en 2022 para el área del 22@, con el firme propósito de desbloquear la construcción de hasta 15.000 nuevas viviendas en un barrio habitualmente reservado a la expansión tecnológica y empresarial.
De oficinas vacías a pisos de alquiler asequible
La piedra angular de esta iniciativa popular radica en transformar el uso del suelo que actualmente se encuentra paralizado.
Según ha detallado Sirera, su formación ha encargado un estudio exhaustivo que ha permitido localizar numerosos solares vacíos en el distrito tecnológico que, a día de hoy, tienen una calificación urbanística exclusiva para la edificación de oficinas.
Daniel Sirera, concejal del PP, durante una entrevista para Metrópoli / GALA ESPÍN
La propuesta del PP pasa por recalificar de urgencia estos terrenos desaprovechados para otorgarles un uso residencial, argumentando que la ciudad necesita imperiosamente dar un techo a sus ciudadanos antes que acumular metros cuadrados de despachos sin construir.
Esta medida supondría un cambio de paradigma en la concepción del 22@, priorizando la habitabilidad frente a la terciarización del suelo.
"Lo que pedimos es que el Ayuntamiento ponga este suelo al servicio de los promotores privados durante 50 o 70 años y que, con un suelo público, los privados construyan viviendas sociales sin tener que pagar por el solar y pongan precios de alquiler por debajo de los de mercado. Con esta operación se utilizan solares desaprovechados y a la ciudad no le cuesta ni un euro", ha aseguado Sirera.
Colaboración público-privada a coste cero para las arcas
Para materializar este enorme volumen de viviendas, Sirera apuesta firmemente por un modelo de colaboración público-privada que, asegura, no costaría ni un solo euro a los contribuyentes barceloneses.
El mecanismo consistiría en que el Ayuntamiento ponga a disposición de los promotores privados este suelo público mediante concesiones a largo plazo, abarcando periodos de entre cincuenta y setenta años de duración.
A cambio de no tener que desembolsar capital inicial por la compra del solar, las empresas constructoras asumirían el coste de la edificación de viviendas sociales y se comprometerían a ofertarlas con precios de alquiler significativamente por debajo de las actuales y tensionadas tarifas de mercado.
Daniel Sirera en una imagen de archivo Barcelona
El líder popular ha aprovechado la presentación para criticar duramente la ineficacia del plan vigente, recordando que la normativa actual del 22@ apenas prevé 3.300 nuevas viviendas de las cuales, según sus datos, solo se ha ejecutado un ínfimo once por ciento.
Una ofensiva paralela contra las restricciones de la ZBE
Más allá de la política de vivienda, el Partido Popular acudirá al plenario municipal de este viernes con otra exigencia que afecta directamente a la movilidad diaria de miles de conductores.
La formación solicitará una modificación urgente de la estricta normativa que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital catalana. La propuesta de Sirera plantea que cualquier vehículo que haya superado favorablemente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obtenga un permiso automático para circular libremente por toda la ciudad, independientemente de los años de antigüedad que acumule su motor.
El argumento de los populares es muy directo: si una revisión técnica oficial y obligatoria certifica de facto que un automóvil no contamina por encima de los límites legales permitidos, resulta injusto y discriminatorio prohibirle el acceso a las calles de Barcelona basándose únicamente en el año de su matriculación.
