El macroplán de ampliación de la Universitat de Barcelona (UB) continúa en el punto de mira de los vecinos de Zona Universitària. Tras expresar su rechazo sin éxito a la iniciativa en múltiples ocasiones, los residentes han optado por presentar un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación que da luz verde a las nuevas construcciones.
La puesta en marcha del proyecto se remonta a marzo de 2023. La Generalitat, el Ayuntamiento y la UB firmaron un acuerdo para la construcción de la nueva Facultad de Matemáticas y de un edificio para el Parc Científic de Barcelona.
Para llevar a cabo los trabajos, desde el consistorio se realizó una modificación del plan urbanístico que afecta a la zona delimitada por las calles de la Alfambra, Trias i Giró, Joan Obiols, Jordi Girona, John M. Keynes y la avenida Diagonal.
El inmovilismo municipal tras la presentación de alegaciones e, incluso, después de una manifestación vecinal, ha llevado a los residentes a realizar una ofensiva judicial para frenar las edificaciones proyectadas en el barrio.
Perjuicio para los vecinos
La Asociación de Vecinos de Zona Universitària denunció, desde el momento en el que conoció el proyecto, el perjuicio que la materialización de este plan supondría para el barrio.
Manifestantes cortan el tráfico en la calle de John M. Keynes
El levantamiento de edificios de hasta “15 plantas” y el traslado de 700 investigadores a la zona, además de una cifra indefinida de estudiantes y otros trabajadores, hizo saltar las alarmas entre los residentes por las posibles afectaciones en materia de convivencia, movilidad y comercio, entre otras problemáticas.
Las alegaciones, el traslado de la cuestión al síndic de Greuges de Barcelona y la protesta a pie de calle no recibieron respuesta municipal, por lo que el futuro de esta planificación está ahora en manos de la Justicia.
Contencioso-administrativo
La citada asociación vecinal y cinco comunides de vecinos a título propio han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del Plan Especial Urbanístico y de Mejora Urbana para los equipamientos universitarios del Campus Nord, que facilita los planes de expansión de la UB.
La demanda, a la que ha tenido acceso Metrópoli, justifica el rechazo vecinal en la “modificación de calificaciones de suelo” sin la autorización adecuada, alterando espacios reconocidos como parques y jardines y creando edificaciones fuera de ordenación.
Imagen virtual con la volumetría de las futuras construcciones
El escrito considera que el plan urbanístico ignora la jerarquía normativa, al considerar que los equipamientos universitarios proyectados son de “interés supramunicipal” y, por ende, la modificación urbanística debería aprobarla el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Los residentes también cargan contra el incremento “desproporcionado” de la edificabilidad del campus proyectado, con edificios que podrían alcanzar los “47 metros”, poniendo en duda su compatibilidad, también, con la legislación catalana sobre patrimonio.
Los vecinos apuntan, además, que la citada planificación no garantiza las “plazas de aparcamiento” que exige el Plan General Metropolitano, lo que puede conllevar problemas de “movilidad y saturación” en el barrio.
Falta de transparencia
Los residentes lamentan la “falta de transparencia y participación ciudadana” con la que se ha realizado el proceso, y consideran que la ordenación del plan es arbitraria y está dirigida a satisfacer las necesidades de la universidad, sin tener en cuenta “el impacto sobre el barrio”.
Josep Maria Guillumet, presidente del colectivo vecinal, recuerda que está en juego “la calidad de vida de los vecinos, del espacio público, la memoria histórica del barrio y el derecho a ser informados y consultados”.
“No podemos permitir que el planteamiento urbanístico se apruebe sin control ciudadano”, sentencia el líder vecinal.