Ni un taxi en Barcelona. Este jueves la ciudad ha podido comprobar cómo sería un día sin taxis. Las paradas de la Estació de Sants o de la Terminal 1 del aeropuerto, normalmente abarrotadas, estaban vacías. En un cambio de táctica respecto a protestas anteriores, los taxistas decidían aparcar los coches y movilizarse a pie para protestar por lo que consideran una “liberalización encubierta” del sector.

En el centro de sus críticas están dos cuestiones que en el fondo son una: la concesión de miles de nuevas licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y las aplicaciones móviles como Uber o Cabify, a las que acusan de hacer “competencia desleal” porque prestan servicios de taxi usando estas licencias y se esconden detrás de una aplicación móvil. A pesar de que la ley es clara, los taxistas se sienten desprotegidos.

UN CONFLICTO QUE VIENE DE LEJOS

El conflicto con las nuevas licencias VTC viene de lejos y es una cuestión compleja. Durante muchos años, las compañías VTC estaban especializadas en ofrecer servicios de alquiler de coches de lujo o limusinas para altos ejecutivos y grandes personalidades, mientras que los taxistas se centraban en la actividad diaria de la ciudad y a prestar servicios “en movimiento”.

Diferentes cambios normativos en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) han provocado un caos legislativo que ha crispado al sector del taxi. En 2009 se aprueba la Ley Ómnibus, que introduce medidas para liberalizar el sector servicios, entre ellos los taxis. Las quejas de los taxistas, que veían amenazada su supervivencia por la entrada masiva de VTC, hicieron recular a Fomento.

En 2013 el Gobierno español decide volver a la situación anterior (regulada por una ley de 1987), en la que solo se permite una licencia VTC por cada 30 taxis. Eso significa que si en Catalunya hay unos 12.500 taxis, solo debería haber alrededor de 410 VTC, aunque ya hay unas 850. Pero Fomento no aprobó el reglamento que la hacía efectiva hasta 2015. Y ahí comenzaron los líos. 

EL BOOM DE LAS LICENCIAS VTC

Entre 2009 y 2013, se solicitaron menos de 500 licencias en Catalunya. En cambio, entre 2013 y 2015, mientras había ese vacío legal, se solicitaron casi 3.000 y todas concentradas en unas cuantas empresas y particulares. En un primer momento, las comunidades rechazaron todas las licencias, pero los solicitantes recurrieron la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y luego ante el Tribunal Supremo (TS).

Por el momento solo ha habido una sentencia y ha sido favorable al demandante. Si el TS sigue el mismo camino y otorga las casi 3.000 licencias solicitadas, la proporción entre VTC y taxistas podría quedar en 1 a 4, muy lejos de la que marca la ley. Por eso los taxistas están tan encendidos y amenazan con “nuevas huelgas” si nadie les escucha.

UBER, CABIFY Y EL MERCADEO DE LICENCIAS

Hace unas semanas Uber anunció que pediría entre 3.000 y 5.000 licencias VTC para sus conductores. El problema es que con la normativa actual, con los cambios introducidos en 2015, ya no es posible. Otras multinacionales como Cabify podrían seguir el mismo camino. Y ahí es donde entra la importancia de las 3.000 licencias pedidas entre 2013 y 2015.

Si se aprueban las solicitudes, Uber, Cabify y cualquier otra empresa que quiera prestar servicios VTC tendrán que acudir al mercado de segunda mano para comprarlas. Ahora mismo, una búsqueda en internet permite encontrar licencias VTC, “de las antiguas”, por 60.000 euros como mínimo. En un mercado cerrado donde no se otorgan más licencias, el precio se podría disparar. Un simple cálculo a la baja valora esas licencias en 180 millones de euros. Un negocio redondo. 

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