El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado durante el pleno la tasa que se impondrá a partir del próximo año a las empresas del sharing, el servicio de alquiler de vehículos compartidos de movilidad ciudadana, como motos y bicis.
La puesta en marcha de esta nueva tasa ha sido posible gracias al apoyo que han dado a la iniciativa Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP y los dos regidores adscritos, pero la aprobación no ha estado exenta de críticas a la forma en que el gobierno que preside Ada Colau ha llevado adelante el proyecto.
Todos los grupos políticos han criticado la falta de diálogo por parte del responsable de elaborar la propuesta, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, al que han vuelto a cuestionar su capacidad de diálogo con los partidos de la oposición cada vez que le toca elaborar una propuesta que debe sr llevada a votación al pleno.
FALTA DE NORMATIVA
Pisarello también ha tenido que escuchar reproches por la puesta en marcha de esta tasa sin haber ni siquiera planteado el cambio de la normativa sobre la movilidad en la ciudad, que se está viendo sensiblemente afectada por al aparición de nuevos sistemas de movilidad, como el sharing y los patinetes eléctricos que tanto están proliferando en la ciudad.
Todos los partidos de la oposición han criticado las maneras en que el primer teniente de alcalde ha llevado a cabo este asunto y le han exigido una mayor capacidad para dialogar para acordar este tipo de medidas.
Desde Ciutadans, Carina Mejías ha afirmado que “quieren implantar esta tasa sin ni siquiera tener clara la reglamentación, por eso pretenden aprobarla por un decretazo. La normativa de sharing que ustedes llevan adelante genera más dudas que certezas”.