El Gobierno tiene previsto implantar un “mecanismo de pago” por el uso de la red estatal de alta capacidad a partir de 2024. Sin embargo, abre la puerta a extender ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del territorio, tanto nacionales como regionales, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas para poder optar a los 140.000 millones de ayudas.
"EL QUE CONTAMINA, PAGA"
Será dentro de tres años cuando el Gobierno de Pedro Sánchez implementará la política de “pago por uso” unida al principio de “el que contamina, paga”. La idea es aplicar la medida de manera gradual, comenzando por autopistas y autovías y extendiéndose más tarde al resto de carreteras.
Actualmente en España las autovías son gratuitas y muchas autopistas de pago también lo son una vez terminada la concesión.
ENTRE 3 Y 5 CÉNTIMOS POR KILÓMETRO
La cifra que se baraja para estos peajes es de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro. Por lo tanto, para ir de Madrid a Valencia se deberá pagar 14 euros de ida y otros 14 de vuelta. Según explica el Gobierno en el documento remitido a Bruselas, se necesitarían entre tres y seis años para implementar la medida.
"Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", se lee en uno de los puntos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
MANTENIMIENTO
“Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial”, reconoce el Gobierno.
CAMPAÑA DEL GOBIERNO
Los primeros en pagar serían los profesionales del transporte, pero antes de tomar la medida, desde el Gobierno pretenden lanzar una campaña de “concienciación y sensibilización”.