Colau decretó la emergencia antes que Pedro Sánchez

Un decreto del pasado 11 de marzo del Ayuntamiento de Barcelona establecía “la declaración de la tramitación de emergencia para la contratación de los servicios y suministros, y si es preciso, obras, del Ayuntamiento de Barcelona y de sus organismos autónomos, destinados a prever o paliar los efectos y contagios del virus SARS-CoV-2 (coronavirus)”. En base a ese decreto, el Ayuntamiento otorgó el pasado 6 de marzo varios contratos de emergencia para servicios y suministros a la Administración local. Curiosamente, en la adjudicación de los contratos no se alude al decreto ley del Gobierno central (el 6/2020) que establece el estado de alarma, por el que las administraciones pueden saltarse las normas de contratación. Ese decreto entró en vigor el 14 de marzo, después del de la alcaldía de Barcelona.

No deja de resultar chocante, así, un escrito del Ayuntamiento del 6 de mayo pasado, dictado para “el suministro de ordenadores portátiles con el objetivo de poder desarrollar el teletrabajo del personal de algunos departamentos del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) con tramitación de emergencia”. Así, en esa fecha el IMHAB adjudica a la compañía Meinsa Sistemas el contrato para proveer de 20 ordenadores Lenovo a su personal al que se había enviado a trabajar desde casa. La adjudicación se basaba en el decreto de la alcaldía del 11 de marzo y no en el decreto de alarma, como suelen justificarse los contratos en este periodo. Este contrato supuso un gasto de 17.676,89 euros.

Paralelamente, también el 6 de mayo se firmó otro decreto para otra compra de 10 ordenadores, también de la marca Lenovo y por los mismos motivos. En esta ocasión, se escogió a la empresa DISA, que se embolsó 12.375,88 euros.

ALQUILER DE LICENCIAS

También procedió a la renovación de licencias de usuarios Deister para el servicio de alquiler de servidores, gestión de incidencias y servicio de copias de seguridad para el periodo de abril de 2020 a marzo de 2021. “Para el correcto funcionamiento del IMHAB, es necesario poder disponer de las licencias Deister para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal incluidos en el fichero de titularidad del IMHAB para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado”, dice un informe de necesidad e idoneidad del Instituto.

Estas licencias se dividen en tres tipos, con diferentes precios, que van desde los 47,99 euros al mes hasta los 128,65 euros al mes y permiten el tratamiento de datos en la gestión de licencias y copias de seguridad. El contrato del alquiler de estas licencias costará al Ayuntamiento 62.892,51 euros. La adjudicataria es la compañía Gestió Externa d’Aplicacions SA (Geasa). La contratación directa se realizó por la vía de la tramitación de urgencia aludiendo también al decreto del Ayuntamiento del pasado 11 de marzo y obviando el estado de alarma.

COMPRA DE MÓVILES

Ese mismo día, y basándose igualmente en el decreto del 11 de marzo del propio consistorio, se aprueba la compra urgente de 50 teléfonos móviles Alcatel y 50 líneas de voz ilimitadas “para poder desarrollar el teletrabajo del personal de la Red de las Oficinas de Vivienda”. Este contrato, que recayó en la empresa Hominum Engineering, costó a las arcas públicas 5.552,70 euros.

Este segundo decreto del IMHAB aclaraba que la utilización de los smartphones se mantendrá “durante el periodo que dure la situación de excepcionalidad y emergencia ocasionada por la crisis del Covid-19”. También especifica que el director técnico del Programas de Actuación para el Uso Digno de la Vivienda elaboró el 4 de mayo un informe de necesidad para poder comprar estos móviles. Dicho informe exponía que las medidas del estado de alerta están provocando “un especial impacto en determinados colectivos especialmente vulnerables de la ciudad de Barcelona”.

Así, el Instituto debía tener permanentemente informados a estos colectivos de información como las moratorias de alquiler, la creación de nuevas líneas de ayudas u otras. Y dado que las oficinas se cerraron, los empleados municipales debían atender al público desde sus casas.

Finalmente, el día 15 de mayo, el Institut contrató también los servicios de la firma Multiserveis Ndavant por 4.051,63 euros para la desinfección y limpieza extraordinaria de varios locales de la calle Doctor Aiguader. Esta desinfección se debe a la intención de “facilitar el retorno gradual de los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo”, lo que implica “una serie de tareas de preparación de los espacios de trabajo y de zonas comunes”. La contratación alude, asimismo, al decreto de 11 de marzo. Ni rastro del decreto del Gobierno central que también hubiera podido servir de justificación.