Siguen las investigaciones judiciales por el polémico concurso de adjudicación de licencias de motosharing en Barcelona. El área de Movilidad del Ayuntamiento, que dirige Rosa Alarcón, acumula varias denuncias de perjudicados en la licitación y tiene a seis altos cargos pendientes a declarar ante la justicia por presuntas irregularidades.
Según Servimedia, la Fiscalía de Barcelona tiene previsto que declare Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, en calidad de "investigado" (figura antes conocida como imputado). Valdés es uno de los grandes señalados en este caso --tanto públicamente como en privado--, por varias empresas. También deberá declarar Rosa Alarcón, concejal de Movilidad, a Jesús Jiménez, jefe de Gabinete, a Lorena Zurrón, gerente de urbanismo e interlocutora con los operadores de motosharing, a Eva Redó, exdelegada de Movilidad, y su sustituta, Dolors Ibáñez, que podrían testificar como testigos.
Manuel Valdés, gerente de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
BENEFICIOS A ACCIONA Y COOLTRA
Todo parte de una denuncia de Global Mobility Sharing, una de las afectadas en el proceso de adjudicación de licencias. La compañía denunció a Rosa Alarcón y a Manuel Valdés López por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Considera la empresa que se han cometido "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilíticos a favor".
En la denuncia, se considera que la cúpula de Movilidad ha beneficiado presuntamente a determinadas empresas. En concreto, se señala a Cooltra y Acciona, que tienen otros frentes abiertos por recibir un presunto trato de favor del Ayuntamiento --como disponer de más motos que licencias en circulación--. Según la demanda, el consistorio ha protegido "un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".