El varapalo judicial que ha supuesto la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el Ayuntamiento de Barcelona ya ha tenido las primeras reacciones. La oposición en pleno ha cargado contra la normativa municipal de Ada Colau y Jaume Collboni, una "chapuza" en mayúsculas tras ser tumbada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El TSJC ha invalidado la ordenanza municipal que impedía la circulación de coches contaminantes -sin la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico- por el interior de Barcelona de lunes a viernes.
FALTAN INFORMES Y HAY UN EXCESO DE VEHÍCULOS REGULADOS
Para el alto tribunal, a la norma le faltan informes determinantes que avalen algunas restricciones, se limita a un ámbito geográfico demasiado grande, restringe también en exceso el tipo de vehículos afectados y tiene deficiencias en su elaboración.
Un coche antiguo con una pancarta reivindicativa contra la ZBE / CEDIDA
Además de Barcelona, la ZBE está en vigor en L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y parte de Cornellà y Esplugues de Llobregat, pero el TSJC solo ha anulado la de la capital catalana, han aclarado fuentes del citado tribunal. Las otras ZBE metropolitanas no han sido recurridas. Fuentes del TSJC aclaran que como la Ordenanza no ha sido suspendida -es decir la decisión no es firme-, el veto a los coches contaminantes sigue vigente y se puede seguir sancionando. Las partes demandantes pueden pedir la ejecución provisional de la sentencia, algo que el TSJC estudiará.
En un futuro, la intención es ampliar las restricciones a otros municipios metropolitanos, como Badalona, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Castelldefels.
“La justicia enmienda de nuevo al gobierno municipal”, ha dicho la presidenta de Ciutadans en el Ayuntamiento, Mariluz Guilarte. Para Guilarte, la puesta en marcha de la ZBE en 2019 se realizó “con prisas y sin consenso” y el único objetivo “era seguir alimentando la guerra ideológica contra el vehículo privado”. Guilarte ha reclamado la paralización de las multas que se están tramitando.
UNA PÉSIMA ORDENANZA PARA PARERA
Otro grupo que se ha pronunciado ha sido Valents, que capitanea Eva Parera. Para la edil, se trataba de "una pésima ordenanza". Una vez más, los tribunales han protegido los derechos ciudadanos pisoteados por gobernantes incompetentes", ha escrito en Twitter.
La formación política ha recordado que la ordenanza no se podía aplicar. "Advertimos que era injusta y desproporcionada para muchos autónomos que tenían coches antiguos, pero no necesariamente contaminaban más que otros de nuevos. La Justicia nos ha dado la razón".
JuntsxCat, el grupo que lidera Elsa Artadi, ha valorado que el gobierno de comunes y socialistas en Barcelona son los únicos responsables de la “chapuza” de la Zona de Bajas Emisiones y de que el TSJC haya tumbado en la capital catalana esta herramienta de lucha contra las emisiones contaminantes. "No se pueden hacer peor las cosas".
JuntsxCat presentó hasta ocho alegaciones al proyecto de ordenanza de Barcelona que regulaba la ZBE. La primera y más importante reclamaba “incorporar en el proyecto más estudios predictivos para evaluar la efectividad real de las restricciones que comporta la entrada en vigor de la ZBE y también de una memoria de evaluación del impacto económico y social sobre los colectivos y los sectores económicos afectados”. La falta de estudios de evaluación es una de las explicaciones del TSJC para anular ahora la ordenanza.
Protesta contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona / TWITTER
"FALTA DE RIGUROSIDAD"
Desde ERC, el concejal Max Zañartu ha lamentado la "falta de rigurosidad" del gobierno municipal "al no justificar de forma satisfactoria la adopción de una ZBE que tenía como objetivo la reducción de los gases contaminantes provenientes del tráfico rodado". Según Zañartu, la sentencia "puede ser una oportunidad para replantear aspectos de la ZBE, con el fin de hacer la medida más eficiente para reducir la contaminación, y más equitativa para no dejar a nadie atrás en función de la renta".
El concejal del PP, Óscar Ramírez, ha reclamado anular las multas que se han impuesto. "No son justas". Los populares, además, han criticado que el gobierno municipal no ha tenido ningún tipo de criterio para impulsar la ZBE y que ésta no se ha basado en informes técnicos que avalen el proyecto. “Una vez más los tribunales anulan políticas equivocadas impuestas por motivos ideológicos y sin informes que avalen dichas restricciones”
APROBADA A FINALES DE 2019
El Ayuntamiento de Barcelona puede recurrir la sentencia del TSJC a instancias judiciales superiores. Dispone para ello de 30 días. La ZBE fue aprobada por el pleno municipal el 20 de diciembre de 2019.
Hace una semana, el PSC se posicionó en contra de la ampliación de la ZBE a los vehículos con etiqueta B, como había anuncidado el concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Eloi Badia.