Colau fortalece la Zona de Bajas Emisiones con miles de euros para controlar a los conductores

El gobierno municipal de Ada Colau mantiene su firmeza sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Pasados cerca de dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la tumbara, las restricciones siguen judicializadas a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie.

El "ámbito geográfico" excesivo en el que se aplican las limitaciones, la discriminación hacia "colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo" o la falta de "datos de contaminación actualizados en el procedimiento de elaboración de la ordenanza" han sido cuestiones destacadas por el alto tribunal catalán para justificar su decisión.

El Ayuntamiento dio luz verde, recientemente, a una nueva partida millonaria para reforzar el control de la ZBE que finalmente se ha ampliado con una cuantía extra de gasto.

CONTROL DE INFRACCIONES

El pasado mes de marzo, el gobierno municipal inició el expediente para la contratación del "suministro y servicio de ampliación del sistema para la monitorización y el control de infracciones desde el punto de vista medioambiental" de los vehículos que circulen en la Zona de Bajas Emisiones.

Cartel de la Zona de Bajas Emisiones en la Ronda de Dalt / AJ BCN

La semana pasada el consistorio aprobó una "modificación de las actuaciones preparatorias efectuadas", del "pliegue de clausulas administrativas particulares y del pliegue de prescripciones técnicas", lo que se ha traducido en un incremento presupuestario.

Al presupuesto de licitación establecido en 1.912.658,28 euros se suma ahora una cuantía adicional de otros 14.275,61 euros para llevar a cabo esta contratación.

ORDENANZA "CHAPUCERA"

La sentencia del TSJC que tumbó la ZBE llegó después de que una decena de colectivos afectados por las restricciones presentaran recursos contra estas restricciones. La Justicia estimó hasta seis de ellos.

Indicador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) / EFE

Los afectados por las limitaciones celebraron la resolución judicial y criticaron, en declaraciones a Metrópoli, la "arbitrariedad", la "falta de proporcionalidad" y la ausencia de "justificación" de la medida, así como la forma "chapucera" con la que el Ayuntamiento tiró adelante la ordenanza municipal.

La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC) pidió la ejecución de la sentencia, mientras que otras entidades estudiaron esta cuestión con sus servicios jurídicos.