Colau refuerza el control de la Zona de Bajas Emisiones con dos millones de euros extra

El revés judicial a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha puesto contra las cuerdas la ordenanza municipal que marca las restricciones para los vehículos sin adhesivo ambiental en Barcelona. A falta de la sentencia firme, el TSJC ha tumbado la polémica normativa local y, con ella, sus limitaciones.

Para justificar su decisión, el alto tribunal de Cataluña ha criticado el "ámbito geográfico" excesivo en el que se aplican las limitaciones, y ha recordado la discriminación hacia "colectivos que no tienen capacidad económica para cambiar su vehículo" o la falta de "datos de contaminación actualizados en el procedimiento de elaboración de la ordenanza", entre otras cuestiones.

El gobierno municipal de Ada Colau, por su parte, no da indicios de reducir su particular guerra contra el vehículo privado ni de acatar esta sentencia. De hecho, ya ha dado un primer paso para reforzar la ZBE.

INVERSIÓN MILLONARIA

El Ayuntamiento dio luz verde, la pasada semana en Comisión de Gobierno, al inicio del expediente para la contratación del "suministro y servicio de ampliación del sistema para la monitorización y el control de infracciones desde el punto de vista medioambiental" de los vehículos que circulen en la Zona de Bajas Emisiones.

Cámara con lector de matrículas para el control de la ZBE / METRÓPOLI

Para esta finalidad que incrementará la vigilancia y el cumplimiento de las restricciones en la ciudad, el consistorio barcelonés ha establecido el presupuesto de licitación en 1.912.658,28 euros, pese a estimar el valor aproximado de la contratación en 1.580.709,32 euros.

Sobre el importe total, la previsión apunta a un gasto de 1.062.587,93 euros en el ejercicio presupuestario del presente año, mientras que los 850.070,35 euros restantes se desembolsarán para cubrir el servicio en 2023.

CUMPLIR LA SENTENCIA

La sentencia que ha tumbado la ZBE llegó este lunes después de que una decena de colectivos afectados por las restricciones presentaran recursos contra esta limitación de la circulación. La Justicia ha estimado hasta seis de ellos.

En declaraciones a este medio, los perjudicados por la medida han celebrado la decisión tomada por el TSJC, y ha criticado la "arbitrariedad", la "falta de proporcionalidad" y la ausencia de "justificación" de la medida, así como la forma "chapucera" con la que el Ayuntamiento tiró adelante la ordenanza municipal.

Tráfico en la Ronda Litoral / AJ BCN

La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), ha confirmado que pedirá la ejecución de la sentencia, que aún no es firme, mientras que otras entidades han asegurado que lo están estudiando con sus servicios jurídicos.