Cascada de alegaciones al proyecto del Gobierno para regular las Zonas de Bajas Emisiones

Las polémicas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) irán, según los planes proyectados por el Gobierno, mucho más allá de las grandes ciudades como Barcelona y Madrid en 2023.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableció que los municipios españoles que superen los 50.000 habitantes, las localidades con más de 20.000 personas que superen los valores límite de contaminantes regulados y los territorios insulares, deberán adoptar antes del cambio de año planes de movilidad para la reducción de emisiones, entre los que se deberán incluir las ZBE.

Con la finalidad de establecer cómo deben ser dichas áreas restringidas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impulsado el proyecto del Real Decreto para su regulación, que ha contado con múltiples alegaciones formuladas por colectivos y particulares contrarios a la medida.

ALEGACIONES

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), junto a otros colectivos a nivel nacional, han presentado alegaciones a una iniciativa que, en caso de salir adelante, podría conllevar medidas aún más restrictivas que las actuales. Los afectados recuerdan que, con esta aprobación, los Ayuntamientos de los municipios afectados tendrían la potestad de establecer ZBE que incluyan a la "totalidad" de las localidades, y que los "valores máximos permitidos de emisiones" pasarían a ser los marcados por la "Organización Mundial de la Salud", que son "mucho más restrictivos" que los dictados por la "Unión Europea".

En sus alegaciones, los colectivos se oponen a medidas como el "peaje urbano", recientemente propuesto por diversas entidades y defendido por la alcaldesa, Ada Colau. Explican que se trataría de una medida "completamente discriminatoria", ya que afectaría "gravemente a las personas con menos renta". Al mismo tiempo, se expresa el rechazo al "criterio de clasificación ambiental de los vehículos basado en las etiquetas de la DGT", ya que no tiene en cuenta factores como el "estado del vehículo, potencia, peso, tamaño, uso que se le da, horas reales de circulación y kilómetros recorridos anualmente, o mejoras efectuadas para reducir sus emisiones".

Los grupos también se oponen al establecimiento de una "pirámide jerárquica donde el vehículo privado queda desterrado al último lugar", ya que "supone una injerencia en la libertad de decisión personal". La falta de mención al "transporte marítimo y aéreo desarrollado a través de los puertos y aeropuertos o el de las incineradoras", la nula "vinculación legal" de los "valores de la OMS" a los requeridos en territorio nacional en cuanto a calidad del aire y la "interpretación abusiva de preceptos legales" en la implantación de las ZBE tampoco convencen a los colectivos.

"VULNERACIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES"

Las asociaciones destacan que "las tipologías de Zonas de Bajas Emisiones que se contemplan y el proceso de implementación de una ZBE detallado conllevan unas medidas que podría suponer una vulneración de los derechos y libertades fundamentales", por lo que solicitan un "informe del Ministerio de Justicia a este respecto". También apuntan que la "pacificación y peatonalización de cruces" debe implantarse "con mucha cautela", recuerdan que en la ITV ya se miden los contaminantes de los vehículos, reclaman que la publicidad sobre la ZBE sea "veraz, honesta, leal y transparente", y lamentan la "ausencia de consideración de los vehículos clásicos e históricos como patrimonio", la falta de "ayudas para renovación de vehículos" y la carencia de "consideración de la situación de pandemia por Covid-19 y su impacto en la movilidad individual, teletrabajo y uso de transportes, y en la economía de los españoles".

Respecto al ruido en las ciudades, los colectivos resaltan que en el proyecto del Real Decreto "debería incluirse una indicación específica recomendando que toda la maquinaria en general, y especialmente de los servicios de limpieza y recogida de basura de los Ayuntamientos, ya sea propia o por medio de una empresa externa, respete los niveles de decibelios permitidos, especialmente en horario nocturno". Los afectados también reclaman la realización de una "transición justa", que no puede pasar por "acabar con vehículos que funcionan perfectamente y con ITV en regla, obligando a sus propietarios a comprar otro vehículo, si pueden, o teniendo que desguazarlo o malvenderlo", entre otras cuestiones.

Además de solicitar la homologación de reductores de contaminantes en vehículos y la reversión de cualquier ZBE "si en consecuencia de su puesta en funcionamiento se produce un grave perjuicio económico para la sociedad y las empresas", las alegaciones hacen referencia a la resolución del TSJC sobre la ZBE de Barcelona, incidiendo en que "se realice un informe real donde reflejen los perjuicios que pueden suponer las restricciones para las familias".

VEHÍCULOS AFECTADOS

En caso de que se formalice el Real Decreto, los grupos estiman que se verán afectados "5.563.478 vehículos sin distintivo ambiental, 5.925.12 con etiqueta B y 6.154.367 con etiqueta C".

Desde PARC recuerdan que "Barcelona se ha convertido en un caos de movilidad" debido a la "guerra contra el transporte privado" que está llevando a cabo el gobierno municipal, y se muestran especialmente críticos con medidas como el "peaje urbano".

"Vuelven a castigar a quien no tiene culpa y a aplicar decisiones que en otras capitales europeas han llegado después de muchas medidas previas. La sentencia de la ZBE lo dice muy claro: las medidas lesivas son las últimas que una administración tiene que aplicar", aseguran tras incidir que colectivos con la cifra de miembros de "Eixample Respira" y otros que "viven de la administración", como la Promoció del Transport Públic (PTP), "no representan a la ciudadanía".